Madrid
Los tambores de fusiones bancarias vuelven a sonar en Europa y Bruselas no quiere actuar como un observador pasivo. Los llamamientos de los informes Draghi y Letta para construir entidades más fuertes que puedan competir con los gigantes de Estados Unidos y China se han colado entre las prioridades de las agendas europeas. Y ante el desafío de impulsar el proyecto de la unión bancaria, el creciente apetito por operaciones de concentración en el sector financiero le viene a la Unión Europea como un anillo al dedo. Sin embargo, las ambiciones comunitarias se están tropezando con un mayor intervencionismo por parte de los Gobiernos nacionales que, en defensa de sus propios intereses, tienden a endurecer las condiciones de los procesos de fusión, encendiendo las alarmas de Bruselas.
Las exigencias de los Ejecutivos de Pedro Sánchez y Giorgia Meloni con las transacciones BBVA-Sabadell y UniCredit-BPM, respectivamente, son los casos recientes más llamativos. Moncloa impuso al banco presidido por Carlos Torres mantener al vallesano como entidad separada durante al menos tres años, además de prohibirle hacer despidos directamente vinculados con la operación. Un veredicto que no le impidió al vasco seguir adelante con sus planes de integración, aunque todavía no ha descartado por completo la posibilidad de recurrir el dictamen al Tribunal Supremo.
Condiciones a BBVA y UniCredit
Los requisitos del Gobierno transalpino para el grupo de Andrea Orcel son aún más estrictos. Además de tener que completar su salida de Rusia dentro del próximo verano, UniCredit se verá obligado a no disminuir el número de filiales bancarias y a mantener la actual relación entre préstamos y depósitos, así como la cartera de financiación de proyectos e inversiones de Anima, la sociedad de gestión de activos recientemente adquirida por BPM. Ante una dura resolución por parte del Ejecutivo, el tiburón de la banca italiana no desistió, pero sí enfrió la operación, al abrir la puerta a una posible retirada de la oferta en el caso de no lograr suavizar los criterios impuestos por Meloni.
Los Gobiernos nacionales tienen derecho a poner sus condiciones en una oferta pública de adquisición, siempre y cuando vayan más allá de cuestiones de competencia -cubiertas por el específico organismo regulador, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España- y respondan a criterios de interés general.
Fuentes judiciales apuntan a que los intereses del Estado tienden a velar por criterios en los que las autoridades europeas -más enfocadas en poner bajo la lupa la estabilidad y la solidez financiera de los bancos- no suelen fijarse mucho. Por ejemplo, donde se invierten los ahorros, si se favorecen las pymes locales o dónde se ubica la sede legal de la entidad.
"Aquí es donde la política interviene para salvaguardar esas cuestiones. Sin embargo, es difícil relacionarlas en su totalidad con el interés general porque tienen un alcance bastante discrecional y rozan el proteccionismo económico que, en parte, es un problema para la Unión Europea. Las preguntas son obligadas: ¿se trata de una intervención legítima para proteger la seguridad nacional? ¿Responde a la excepción para que los Estados intervengan en este tipo de operaciones? Estas dudas encienden las alertas de Bruselas", explica Luca Picotti, abogado e investigador del observatorio Golden Power.
Desde hace meses, la Comisión Europea está intercambiando información tanto con Madrid como con Roma sobre ambas operaciones bancarias para analizar si la intervención del Gobierno nacional es compatible con el derecho comunitario de libre circulación de capitales. Este procedimiento, conocido como EU Pilot, es un paso previo a la apertura formal de un proceso de infracción que, de forma oficial, aún no ha tenido lugar en ninguno de los dos casos.
En el caso de que Bruselas opte por emprender este camino, el desenlace no estaría a la vuelta de la esquina. El procedimiento comienza con el envío al Estado miembro de una solicitud de información -una carta de emplazamiento- a la que deberá responder en un plazo que normalmente es de dos meses. Si la Comisión concluye que el Estado incumple las obligaciones del derecho de la UE, podrá enviarle una petición oficial de que cumpla con esta legislación, instándole a informar a la Comisión sobre las medidas adoptadas al respecto en un plazo de otros dos meses. Finalmente, si el Estado persiste en el incumplimiento, la Comisión puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE, aunque no suele ser habitual. De hecho, un 90% de los casos de infracción se resuelven antes de este último paso.
La defensa de los países
Tanto el Gobierno español como el italiano defienden que su actuación está perfectamente alineada con la normativa comunitaria, pero Bruselas ya ha advertido de que no casa bien con el mensaje que alienta de unión bancaria. El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, alertó hace dos semanas de que las intervenciones de los Ejecutivos pueden limitar la "credibilidad del discurso sobre la unión del mercado de capitales" y, además, recalcó que hay que preguntarse por la potencial reacción de los inversores institucionales. En todo caso, si Bruselas acaba pujando por ese proceso en la opa de BBVA tendrá previsiblemente su conclusión bastante más allá del verano, es decir, a canje cerrado.
La actuación de los Ejecutivos pone a la UE en una situación incómoda: en un mundo cada vez más competitivo, siente la presión de impulsar la unión bancaria para no bajar la cabeza ante EEUU y China, pero al precio de llamar a los Estados miembros al orden e imponer el respeto de la legislación comunitaria en procesos de concentración que, en los casos de BBVA-Sabadell y UniCredit-BPM, son meramente domésticos. El faro de la UE sobre unas posibles "injerencias" políticas en las fusiones bancarias está más encendido que nunca, pero tiene la difícil tarea de equilibrar su respuesta.