"No hay quien lo entienda". "No hay precedentes". "La ley no contempla una consulta pública de ningún tipo, aunque tampoco la prohíbe". La carta que ayer sacó Pedro Sánchez de la chistera para decidir si el Consejo de Ministros debe analizar o no la opa de BBVA sobre Sabadell cogió también por sorpresa en ámbitos jurídicos y algunos expertos consultados por elEconomista.es reaccionaban así al anuncio.
Algunos bufetes compartieron, incluso, que tuvieron que atender a diferentes inversores institucionales "desconcertados" por el inédito e inesperado anuncio, aunque eran ya conscientes desde hace tiempo de que la operación acabaría sobre la mesa del Gobierno -al irse a Fase II en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y con compromisos era un paso obligado-. Otras fuentes alertaron sobre la peligrosa vía que supone abrir un camino así en términos de inseguridad jurídica y cuando resulta innecesaria porque el Ejecutivo dispone de todas las competencias para actuar sin necesidad de recurrir a un referéndum popular en situaciones como la actual.
No hay que obviar el foro: Sánchez inauguraba las jornadas del Cercle D'Economía en Barcelona después de que la presión para echar abajo la opa arreciase en los últimos días, especialmente desde Junts, después de la aprobación por unanimidad de la operación por parte de la CNMC el pasado miércoles. Abrir una consulta pública, a través de web, y donde podrá participar cualquier interesado vaticina un alud de respuestas contrarias a la transacción, de muy diferentes interesados (empresariales, sindicatos, partidos, etc.) y se corre el riesgo de devaluar el trabajo desarrollado por el organismo de Competencia.
"Jurídicamente el Gobierno está pisando un sitio muy raro", explican en un bufete, donde entienden que estos movimientos rozan situaciones "contrarias a la jurisprudencia del Tribunal Supremo", favorable a "agotar todas las vías" para conseguir que se autorice las operaciones, aunque sea con compromisos férreos y duros. "Solo puedes imponer tus condiciones en casos muy restrictivos en los que tienes que fundamentar perfectamente las razones de esta intervención", apunta el experto.
Jurisprudencia
El ministerio de Economía dispone de 15 días para, con el resultado de esa consulta y a otros ministerios, decidir si lo eleva al Consejo de Ministros, que tendrá otros 30 días para adoptar la decisión final de si agrega condiciones, siempre en defensa del "interés general" y sin entrar en riesgos de competencia ya analizados por la CNMC. El Gobierno rechazó la opa desde el inicio y ha invocado, sobre todo, la necesidad de proteger la "cohesión social y territorial" o la inclusión financiera al mencionar la transacción.
Un experto especializado en derecho de competencia explica que, aunque la fase de la CNMC es independiente del análisis posterior del Ejecutivo, hay "contactos" y el ministerio de Economía suele estar al corriente de las discusiones con el oferente -BBVA en este caso- a la hora de identificar los riesgos, evaluarlos y fijar los compromisos, por lo que sería lógico que hubiese compartido durante esa fase ya sus inquietudes. En cualquier caso, es ahora cuanto corresponde al Ejecutivo tomar una decisión y hasta que no decida, no será firme la resolución de la CNMC.
Está por ver si BBVA daría el paso a los tribunales si acaba imponiéndole condiciones que le resulten inasumibles, pero hay precedentes con resultados dispares. Ante el Tribunal Supremo y contra resoluciones del Consejo de Ministros han llegado la opa de Gas Natural sobre Endesa, la compra de Endesa de Gas Aragón y Gas Andalucía, el veto de la fusión entre Salcai y Utinsa o la congelación de precios que impuso el Gobierno en la fusión de Prosegur y Blindados de Norte, entre otras. Algunas desistieron o decayeron, en otras el Supremo ha invalidado o respaldado la decisión del Gobierno.
El Supremo dio sendos reveses al Ejecutivo en 2002 declarando nula la condición económica que fijó el Consejo de Ministros para permitir la fusión de Prosegur y Blindados del Norte, y anulando la prohibición de la fusión de Slaci y Utinsa. En su fallo sobre la operación de Prosegur fijó que, para apartarse del criterio marcado por Competencia, tendría que motivar y justificar la idoneidad de sus medidas, sentando las bases para evitar meras injerencias políticas, y reprendió que restringiese "innecesariamente su libertad empresarial".
En sentido contrario, el Tribunal Supremo avaló en 2005 íntegramente la decisión del Consejo de Ministros de autorizar la integración de la plataforma Vía Digital en Sogecable, propietaria de la plataforma Canal Satélite Digital, al desestimar los recursos presentados Telecinco, Auna y Mediapark, que buscaban anular la operación de concentración.
La anunciada consulta pública por parte de Pedro Sánchez no será vinculante, pero si abre, como todo apunta, el análisis, el Gobierno tendrá que fundamentar y justificar bien los riesgos de "interés general" que observa a la operación.
Al otro lado de la opa, Sabadell ha alertado sobre el fuerte impacto sobre la disposición del crédito para pymes al desaparecer un operador. La mayor enmienda invocada por la entidad fue a la metodología utilizada por CNMC y que fija solo compromisos comportamentales que caducan al cabo de unos años. El vallesano reclamó, sin éxito, utilizar las reglas operativas en Competencia europea, que apuestan por medidas estructurales.