Bruselas
El tira y afloja entre Bruselas y el Gobierno por la operación entre BBVA y Banc Sabadell continúa. Este martes, el Consejo de Ministros condicionaba la fusión a que se mantenga la independencia entre ambas entidades durante tres años, un requisito que implica que no se podrían realizar tampoco ajustes de plantilla. La Comisión Europea, que se encuentra evaluando la situación, ha mandado un mensaje al Ejecutivo de Sánchez, le advierte de que utilizará sus "poderes" para eliminar "restricciones injustificadas al mercado único".
"Si fuera necesario, la Comisión Europea utilizará sus poderes como guardiana de los Tratados para eliminar cualquier restricción injustificada al mercado único que impongan los Estados miembro", han indicado fuentes comunitarias en declaraciones para elEconomista.es, tras ser preguntada por las condiciones anunciadas este martes.
El Ejecutivo comunitario ha hecho hincapié en que cualquier condición impuesta por el Gobierno para aprobar una transacción debe ser "excepcional, proporcionada y justificada con razones válidas para el interés público", han incidido las mismas fuentes. Todo ello considerando que la Comisión Europea se encuentra en un proceso de evaluación y diálogo con España por el procedimiento que está aplicando en la fusión.
Si la UE está sumida en un proceso para avanzar en la integración del mercado de capitales, la deriva para la integración bancaria es similar. La idea es proseguir el camino para crear entidades de escala europea, gigantes que puedan competir a escala global en lugar de muchos bancos pequeños de dimensiones nacionales. Y es por este motivo que la Comisión Europea viene alentando en los últimos años las operaciones en el sector.
Un sector bancario fuerte y un mercado único que funcione correctamente aportan crecimiento y beneficios a los ciudadanos y las empresas y los protegen a largo plazo. Los bancos más grandes pueden invertir en digitalización, ofrecer mejores servicios, incluidas condiciones de préstamo a mejor precio, a los hogares y los ciudadanía", han agregado las mismas fuentes de la Comisión Europea.
Es así que Bruselas toma nota de las condiciones impuestas por el Gobierno y, como viene siendo costumbre, evita posicionarse abiertamente sobre casos concretos. Pero lo cierto es que ya ha dado señales de aviso sobre la postura que ha ido tomando el Gobierno en esta operación.
A finales de mayo, el Ejecutivo comunitario señalaba que no veía razones para que España bloqueara o rechazara la OPA. Recordaba que su decisión debería acompasarse con la tomada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que había sido favorable, igual que la del Banco Central Europeo (BCE).
"Las autoridades competentes han dado su opinión sobre la transacción. El Banco Central Europeo (BCE) la ha aprobado. La autoridad española de Competencia la ha aprobado, sujeta a una serie de medidas de mitigación para garantizar", decían fuentes comunitarias.
Este proceso ponía a España en una delicada tesitura. Las reticencias del Gobierno para autorizar la opa de BBVA-Sabadell podrían llevar a la Comisión Europea a abrir un expediente sancionador a España por no autorizar la fusión de ambas entidades en un momento en el que la UE intenta profundizar en el mercado único.
Bruselas consideraba que no hay razones para bloquear la operación o obstaculizarla. El pasado año, la Comisión Europea abrió un proceso de diálogo con las autoridades españolas, bautizado como EU Pilot, que se articula como la antesala del procedimiento de infracción que, según avance, podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, si confirma la violación de la normativa comunitaria, podría aplicar multas.
El proceso se encuentra en un punto de intercambio entre ambos Ejecutivos. Bruselas y Moncloa están sumergidas en un diálogo a propósito de la operación. La Comisión Europea ha activado el procedimiento EU Pilot, por el cual solicitó a España más información sobre la fusión entre BBVA y Sabadell. Este proceso es el primer paso con el que cuenta Bruselas cuando considera que puede haber una violación de los Tratados de la UE.