Banca y finanzas

Unanimidad en Cataluña: El Govern, la oposición y el empresariado celebran las condiciones del Gobierno a la opa de BBVA a Sabadell

Salvador Illa, en su intervención en el V Foro Catalunya de elEconomista.es. Kike Rincón
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La clase política y empresarial catalana salió este martes en bloque para celebrar los nuevos requisitos impuestos por el Gobierno a la opa de BBVA a Banc Sabadell. Tanto Salvador Illa, presidente la Generalitat, como partidos de la oposición como ERC o la gran patronal catalana, Foment del Treball, destacaron en positivo la decisión del Ejecutivo de prohibir la fusión entre ambas entidades por un plazo mínimo de tres años.

El president destacó en un mensaje en la red social X que, a su juicio, "era necesario proteger un sistema bancario arraigado en el territorio y adaptado a las necesidades de las familias y empresas con una oferta justa". Y añadió: "El Gobierno de España ha actuado poniendo por encima el interés general, cuyas condiciones garantizan la competencia equilibrada, los derechos de los trabajadores, de los clientes y de las empresas".

En la misma línea se expresó ERC en un comunicado. "Esperamos que las condiciones que ha puesto el Gobierno evidencien que esta opa no tiene sentido si pensamos en los ciudadanos, depositarios, empresas y accionistas", dijo. La formación soberanista añadió que aspira a que los requisitos hagan "fracasar" la opa hostil.

Foment del Treball fue la primera organización empresarial en pronunciarse tras las nuevas condiciones. La patronal catalana defendió que, con la prohibición de fusionar la entidad vallesana en un plazo de tres años, la operación deja de ser interesante para los accionistas y da por amortizada la compra.

La organización que preside Josep Sánchez Llibre dijo que mantener al Sabadell como entidad independiente y un proyecto propio "es una buena noticia para las empresas, los trabajadores y el conjunto de la sociedad". La patronal añadió que más allá de la competencia, la concentración perjudica "el interés general y el equilibrio territorial", criterios que el Ejecutivo ha seguido para endurecer las condiciones.

Los cálculos de la patronal sostienen que, de seguir adelante, la fusión eliminaría 70.000 millones de crédito para las pequeñas y medianas empresas.

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