La opa de BBVA a Sabadell encara el penúltimo y uno de los más relevantes capítulos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, despejará este martes si hay "criterios de interés general" distintos a los de competencia que justifiquen que la operación vaya al Consejo de Ministros para, eventualmente, fijar nuevas condiciones a las establecidas ya por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a BBVA. Si le da traslado, como se espera después de los muchos reparos puestos por el Gobierno desde el inicio a la operación, el Consejo de Ministros dispondrá de 30 días para tomar una decisión.
De hecho, el Ejecutivo abrió una insólita consulta pública en la que han podido participar cualquier interesado para averiguar si tiene que entrar en la operación porque se dan esas razones de interés general que se ven comprometidas o perjudicadas si BBVA compra Sabadell.
Los participantes han podido, incluso, sugerir medidas para paliar los problemas en la consulta y algunas asociaciones de empresas habrían, de hecho, solicitado que se obligue al grupo vasco a vender parte del negocio a un tercero o terceros para recomponer la competencia dañada.
El objetivo de BBVA es fusionar Sabadell, una integración con la que calcula que obtendría 850 millones de euros en sinergias. El vasco sostiene que lograría la mayoría de esos ahorros, incluso, bajo un escenario de no fusión abriendo la puerta a mantener el vallesano autónomo, un escenario que se ha interpretado como un gesto para superar los reparos del Gobierno y limitar las reticencias en Cataluña.
Pero BBVA también ha advertido que abandonaría la transacción si las condiciones resultan inasumibles, algo que no ha ocurrido con los compromisos fijados por la CNMC, si bien aún debe superar el último escollo regulatorio con el Consejo de Ministros donde algunos ministros han reclamado que se aborte la opa.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tachó este martes de "gravísimo error" la posibilidad de "facilitar" la compra a BBVA.
Cuerpo evitó a su vez dar pista alguna sobre su decisión y solo confirmó que Economía divulgará un informe sobre la consulta pública que abrió el pasado día 6. El formulario, abierto a la participación de cualquier interesado, buscaba conocer si "existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación".
Aunque los resultados de la citada consulta no son vinculantes, el Gobierno quería pulsar con esta iniciativa si existen razones, distintas a las de competencia, por las que la opa debe ser analizada por el Consejo de Ministros, que podría confirmar los compromisos asumidos por BBVA con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), imponer nuevas condiciones o, incluso, suavizarlas.
El ministro de Economía eludió anticipar si ya se ha tomado una postura, limitándose a señalar que "la decisión que se tome" estará "en línea" y será "respetuosa con plazos y procedimientos de la normativa tanto doméstica como europea".
Tampoco quiso precisar cómo ha sido la participación en la consulta, pero sí despejó que se publicará un informe "en detalle" sobre la misma. "Es un mecanismo adicional de información que nos ayuda a tomar esta decisión de elevarlo o no, al Consejo de Ministros con todas las garantías posibles", apuntó.
Economía habría consultado también a los ministerios económicos antes de tomar una decisión que comunicará a ambos bancos antes de darle una difusión pública. Al tratarse de bancos cotizados, lo esperable es que dicha información se conozca con las bolsas cerradas para no interferir en la cotización.
Dicha Comisión está presidida por el titular de Economía y también participan los ministros de Asuntos Exteriores, de Transportes, de Educación, de Industria, de Agricultura, de Política Territorial, de Ciencia, de Derechos Sociales, de Inclusión, para la Transformación Digital y de Vivienda.
