Gobierno y Adeslas examinan todas las fórmulas posibles para solucionar el conflicto de Muface. Ante el improbable cambio de condiciones del contrato, con un incremento en las primas del 33,5% para los próximos tres años, el Ministerio de Función Pública, con Óscar López a la cabeza, estudia la vía para convencer a la compañía presidida por Javier Murillo revocando las pérdidas que provoque el contrato, que la aseguradora cifró en 250 millones de euros.
Es por ello que el Ejecutivo busca tener un margen y prolongar de nuevo la fecha límite para presentar ofertas en la licitación, ya que hasta ahora está fijada el próximo lunes a las 10 de la mañana.
En un principio esta idea parecía alargar la agonía, porque Adeslas y DKV ya habían confirmado su "no" a Muface y Asisa no cree que acudir en solitario sea beneficioso ni para la propia compañía ni para la mutualidad, ya que no da opciones a los funcionarios para elegir su seguro. En todo caso, parecía un aumento de plazo dado similar al anterior, dado específicamente a Asisa para que hiciera sus cuentas y también para Allianz, que es la otra aseguradora que ha mostrado interés en cubrir la salud de los funcionarios en el extranjero.
Pero al quedarse Asisa en solitario, el Gobierno ha tenido que explorar otras opciones. Desde ahora, López trabaja para reclutar a Adeslas junto a Asisa para que Muface salga adelante, aunque la compañía propiedad de Grupo Mutua Madrileña y CaixaBank quiere tener bien atadas las condiciones antes de firmar nada.
Y es que Asisa ya preguntó hace una semana por la posibilidad de revocar las pérdidas bajo el artículo 8.7.3. de los pliegos. Este, en resumidas cuentas, habla de que Muface podrá "reestablecer el equilibrio económico-financiero del concierto cuando la entidad lo solicite por riesgo imprevisible". Todo ello bajo estos supuestos que se deben cumplir: un cambio extraordinario de las circunstancias en el momento de ejecutar el contrato; un aumento sustancial de la onerosidad como consecuencia de esos cambios; y la inexistencia de medios alternativos para evitar el desequilibrio".
Las compañías se acogen a la inflación que España soportó en el momento del contrato, así como el aumento de la frecuencia de uso o la aparición de una pandemia, como la del Covid-19, y la Administración, en su contestación, los dio como "supuestos tasados". Pero ni los expertos ni los propios despachos de Legal de las entidades dan esa respuesta como válida para asegurarse la revocación de las pérdidas.
Por tanto, que el Gobierno indemnice a las aseguradoras depende de que incluya una adenda en los pliegos del contrato la próxima semana, presumiblemente en el Consejo de Ministros del martes. Ahí deberá constar de forma clara que el Ejecutivo tiene que recompensar a las compañías por los números rojos provocados por el contrato, aunque está por ver las condiciones del escrito, tanto por los supuestos en los que se indemnizaría, como por el umbral de pérdidas necesario para ello.
Hacienda, el escollo
Ahora bien, esta condición depende inevitablemente del Ministerio de Hacienda, que tiene que dar su visto bueno para esa operación. Y la cantidad no es poca, ya que solo Adeslas estima que el concierto, con las condiciones actuales, le provocaría unas pérdidas de 250 millones de euros. A esta cifra habría que sumar entre 70 y 100 millones que calculó DKV, siendo Asisa la única que no revela cómo sufriría su cuenta de resultados de permanecer en Muface.
Sí que se conoce que la aseguradora presidida por Francisco Ivorra tuvo números rojos de 113 millones de euros entre 2022 y 2024, por lo que una cifra similar elevaría el monto a más de 400 millones de euros en caso de que se recompensara el 100% de las pérdidas.