Madrid
El sector bancario europeo levanta su voz contra los impuestos a las entidades financieras. En la víspera de que el impuesto a la banca sea votado por el Congreso de los Diputados, la Federación Bancaria Europea (EBF, por sus siglas en inglés) criticó este miércoles que las tasas adicionales al sector bancario se conviertan en una "herramienta política crónica", en un momento en el que la eurozona necesita abastecerse de inversiones para asegurar su competitividad.
"Mientras organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo insisten en reforzar la solvencia y las capacidades de los bancos, estos impuestos adicionales suponen un lastre para la concesión de créditos", advirtió la federación en un comunicado. La EBF recordó que la narrativa de los impuestos adicionales no es nueva, y ya ha hecho mella en el sector bancario, lastrando su capacidad para financiar la economía.
Prudencia a los políticos
"Lo que es preocupante es que, aunque los tipos de interés han estado cayendo en Europa, la narrativa para impuestos desproporcionados a la banca todavía está viva en algunos países europeos", ha alertado. En esta línea, ha pedido "prudencia" a los políticos europeos a la hora de diseñar reformas fiscales, asegurando que los cambios se hagan con arreglo a valoraciones de impacto "robustas" y consultas públicas.
No es usual que la patronal bancaria europea emita un comunicado tan tajante y que tome una clara posición en un tema particularmente sensible para el sector. De hecho, la disputa sobre una posible prórroga del impuesto a la banca en España, aunque con cambios con respecto a la propuesta inicial, ha desencadenado un terremoto político esta semana. Tras el rechazo por parte de la Comisión de Hacienda, el Gobierno logró el lunes un pacto de última hora con BNG, Bildu y ERC para resucitar el gravamen, que será votado este jueves por el pleno del Congreso de los Diputados.
El impuesto a la banca, que fue establecido de forma temporal en 2022 a raíz de los beneficios extraordinarios del sector, implicaba en origen un tipo único del 4,8% a partir de 850 millones de ingresos anuales, algo que eximía en la práctica a la banca extranjera, a las entidades pequeñas y los neobancos.
La propuesta pactada con Junts barajaba un cambio de un impuesto lineal a uno progresivo, aplicable a la banca nacional, sucursales de entidades extranjeras y establecimientos financieros de crédito, con un tipo de entre el 1 y 6% que se imputa de manera gradual a medida que los ingresos son más altos, al estilo del IRPF en los ingresos de los particulares. Por tanto, los bancos con más negocio en España pagarían un tipo impositivo mayor.
La enmienda transaccional impulsada en el pacto de último minuto este lunes preserva la gradualidad impositiva que ya se sopesaba, pero agrega un último tipo, del 7%, que gravará los ingresos a partir de 5.000 millones de euros. Una penalización que, según estimaciones recabadas de los resultados generados el pasado año por su negocio en España, afectaría CaixaBank, Santander y BBVA por sus sumas de ingresos por margen de intereses y comisiones. A su vez, el cambio beneficiaría a los bancos medianos, que se verán favorecidos por la escala progresiva del nuevo impuesto.
Ante una posible prórroga del gravamen, la banca no ha dejado de hacer hincapié en los potenciales impactos nocivos del impuesto en el flujo del crédito. La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, pidió la semana pasada directamente a los diputados "que tuvieran las miras de largas", al tratarse de un tributo contra el crecimiento económico. Con ocasión de la presentación del nuevo plan estratégico 2025-2027, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, arremetió este martes contra el impuesto al no parecerle justificado y al considerar que no mejorará el crecimiento. El hecho de que la patronal europea haya elevado su tono un día antes de la votación del impuesto en el Congreso añade presión a los diputados.
Colchones de capital
La pronunciación de la EBF tuvo lugar después de que el BCE advirtiera de que los persistentes nubarrones económicos y geopolíticos siguen empañando las perspectivas de estabilidad financiera y el crecimiento de la eurozona. Ante el riesgo de mayor debilidad económica, la institución presidida por Christine Lagarde subrayó la necesidad de contar con bancos rentables que tengan adecuados colchones de capital y que garanticen unos estándares de préstamos sólidos.
Hasta el momento, los mercados financieros se han mostrado resilientes en un entorno incierto, pero Fráncfort ya considera que "no hay margen para la complacencia" y alerta de que los mercados de renta variable y crédito corporativo estarán sujetos a una mayor volatilidad, según indicó ayer el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en la presentación del informe de estabilidad.
"Para preservar y reforzar la resistencia del sistema financiero en el incierto entorno macrofinanciero actual, es aconsejable que las autoridades macroprudenciales mantengan los actuales requisitos de colchón de capital junto con medidas basadas en el prestatario que garanticen unas normas de préstamo sólidas", dijo el BCE.
Tras el repunte registrado durante la pandemia, las ratios entre la deuda soberana y el Producto Interior Bruto descendieron. Sin embargo, los fundamentos fiscales siguen siendo débiles en algunos países de la zona del euro.
Los elevados niveles de deuda y los altos déficits presupuestarios, junto con el escaso potencial de crecimiento a largo plazo y la incertidumbre política, aumentan el riesgo de que las desviaciones presupuestarias reaviven la preocupación del mercado por la sostenibilidad de la deuda soberana, advirtió Fráncfort.
