Madrid
La decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de llevar el análisis de la opa del BBVA sobre Sabadell a la Fase II era esperada por la mayoría de los analistas. Pero no es algo habitual en la resolución de las operaciones de concentración en España. Entre las casi mil que se han puesto en marcha desde la entrada en funcionamiento de la CNMC en octubre de 2013 -que integró la actividad y las funciones de seis organismos preexistentes-, el supervisor optó por pasar a la llamada Fase II solo quince. De ellas, la mayoría se resolvió con unos compromisos ofrecidos por las empresas adquirientes para solucionar potenciales problemas de competencia en el mercado. Otras salieron adelante, pero a costa de sanciones por incumplir los compromisos previamente aceptados para la operación, como en la compra de DTS por parte de Telefónica. Sin embargo, un tercio -cinco, en concreto- se fue al traste, después de que el adquiriente desistiera frente a las duras condiciones impuestas por el regulador para autorizar la operación.
Ante el riesgo de alterar las reglas de competencia del mercado, la CNMC tiene el deber de vigilar las condiciones de cualquier operación de adquisición que se proponga. Según la ley de Defensa de la Competencia, el procedimiento de control se puede realizar en dos fases. En la primera, que durará un máximo de un mes, se analizará la operación y el Consejo decidirá si esta debe ser autorizada -con o sin compromisos- o, si, por el contrario, exige un análisis más detallado. La mayoría de operaciones obtiene el visto bueno en la primera fase.
En el caso de que se detecten problemas de competencia que requieran un mayor análisis, la CNMC pone en marcha una segunda fase, con un examen más minucioso que incluye la consulta a terceros, como ocurre con la opa BBVA-Sabadell. Así, el Consejo decide si la operación puede ser autorizada sin más o si requiere que se apruebe sujeta a unos compromisos propuestos por el comprador. Si los compromisos puestos encima de la mesa no permiten resolver los problemas de competencia, el regulador también tiene la opción de prohibir la concentración.
Las transacciones que llegan a la segunda fase a menudo resultan sometidas a condicionantes severos para recibir la autorización, además de prolongarse el dictamen final en, al menos, tres meses y, por tanto, atrasar la resolución futura de la opa. No obstante, el regulador puede prorrogar este tiempo de estudio o "parar el reloj" si la complejidad del asunto así lo recomienda.
El último semáforo rojo se remonta al mes pasado, cuando el gigante publicitario JCDecaux renunció a la compra del negocio en España de su rival neoyorquino Clear Channel. La operación fue anunciada en 2023 por 60 millones de euros, pero la CNMC apostó por llevar el estudio a la Fase II después de que la investigación en la uno mostrara que los competidores del mercado publicitario no podrían ejercer "suficiente presión competitiva a la entidad resultante de la operación". Tras la decisión de Competencia, el grupo francés decidió dar un paso atrás y no seguir adelante con la adquisición.
Otro golpe duro por parte de la CNMC fue el otorgado a Boston Scientific Corporation, que desistió en la compra de la firma coreana M.I. Tech, después de que el organismo presidido por Cani Fernández optara por llevar el estudio de la operación a la Fase II. "Nuestro acuerdo de compra de la participación mayoritaria de M.I. Tech requería aprobaciones reglamentarias mundiales que no pudimos obtener en algunos países" (incluyendo a España), dijo un portavoz de la empresa a elEconomista.es.
La británica Algeco, controlada por el fondo de inversión Brookfield, también apostó por tirar la toalla en su intento de compra de la empresa navarra Balat, nueve meses después de que la CNMC decidiese llevar a cabo una investigación más profunda ante riesgos importantes para la competencia en el mercado de alquiler de construcciones modulares.
Sin embargo, uno de los más grandes intentos de adquisición en los últimos años que se fue al traste lo protagonizaron Santalucía y Mapfre, que renunciaron a crear un coloso nacional debido a las rígidas condiciones impuestas por la CNMC. El regulador aprobó la transacción, pero a condición de que Mapfre saliera del accionariado, lo que empujó a las dos entidades a romper la operación.
La 'Fase II' no es un "no"
Ahora bien, la decisión de la CNMC de profundizar en el análisis de una operación no implica que no pueda salir adelante. De hecho, dos tercios de las resoluciones de concentración que el supervisor llevó a una segunda fase vieron luz. En la más reciente de ellas, Competencia autorizó la adquisición por parte de Smurfit Bulgaria a la unidad de negocio "bag-in-box" (envases formados por una caja y una bolsa) de Artemis el pasado junio, aunque con condiciones. La operación suponía riesgos de competencia porque en España Artemis opera a través de un único cliente, Cartobol, que revende las bolsas a clientes finales.
Tras llevar el análisis a la segunda fase a principios de año, Smurfit acordó mantener el suministro de esas bolsas no asépticas de uso alimentario al único cliente que Artemis tiene en España en las mismas condiciones que ofrecía antes de la operación hasta finales de 2026. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia consideró que ese compromiso permitía mantener cierta competencia en el mercado y, al mismo tiempo, le daba al cliente de Artemis un tiempo razonable para buscar un proveedor alternativo.
Grimaldi aceptó compromisos
Las grandes multinacionales tampoco se escapan al escrutinio del regulador. El grupo naviero italiano Grimaldi tuvo que aceptar una batería de compromisos para desatascar la operación de compra de la Terminal Ferry de Barcelona (TFB) el año pasado. Para preservar la competencia en el puerto de Barcelona, la firma italiana se comprometió en devolver a la Autoridad Portuaria de la ciudad una parte de su concesión y a facilitar el embarque directo desde la pasarela y el finger de su actual terminal a cualquier competidor que ocupe la superficie desinvertida.
BBVA-Sabadell, primera fusión bancaria en Fase II
Con el juicio de la CNMC del martes, la opa BBVA-Sabadell se añade al listado reducido de operaciones que pasaron a la Fase II. El miércoles, los consejeros delegados de los dos bancos volvieron a verse las caras y reafirmaron sus posturas. La pelota sigue en manos de la CNMV, con la apertura del proceso a la presentación de alegaciones de terceros y, eventualmente, una participación del Gobierno. Pero es cierto que su decisión complica los planes a BBVA, que esperaba recibir luz verde por parte del regulador en primera fase, como ya ocurrió con otras integraciones bancarias previas.
En 2021, el organismo aprobó las fusiones CaixaBank-Bankia y Unicaja-Liberbank, aunque impuso una serie de condiciones relacionadas con las sucursales de los grupos y a la oferta de clientes. Eso sí, eran limitadas y fácilmente asumibles para las entidades involucradas.
