La banca tiene en balance unos 20.200 millones de euros en créditos otorgados a familias y empresas que residen o están radicadas en los municipios afectados por la DANA. Son estimaciones facilitadas este martes por el Banco de España, que considera gestionable el potencial efecto teniendo en cuenta, además, que dichos datos son la cifra de financiación total, con independencia del impacto final que pudiese tener sobre el crédito.
"Las exposiciones son de un orden de magnitud relativamente alto, pero lo cierto es que supone un evento no sistémico para el conjunto de lo que son las exposiciones que son absorbibles", valoró Ángel Estrada, director general del organismo durante la presentación del Informe de Estabilidad Financiera de otoño de 2024.
La cuantía citada incluye 10.000 millones en préstamos y créditos con 472.000 titulares, entre los que figuran más de 150.000 titulares de un préstamo para vivienda.
La banca tiene otros 7.200 millones otorgados a unas 23.000 compañías (alrededor del 90% a pymes), con domicilios en las zonas del desastre.
Son cifras de exposición máximas y las pérdidas que eventualmente puedan tener que soportar las entidades "va a depender mucho de las medidas que se pongan encima de la mesa y cómo se implementen", explicó Estrada. El organismo no ha querido elucubrar sobre la diferente exposición entre las entidades.
"La prioridad es ayudar a las personas y recuperar lo antes posible" la zona y la actividad, defendió el directivo que reconoció que la catástrofe vivida estos días en el Levante obligará también a los supervisores a poner más foco en los daños físicos que provocan estos desastres naturales. "Es imperativo adoptar medidas que permitan que la recuperación sea consistente en el tiempo", agregó.
En cuanto a los apoyos, recordó que el primero en actuar ha sido el Consorcio de Compensación de Seguros y después se espera que los gobiernos desplieguen ayudas y facilidades financieras, al margen de otro tipo de apoyos que podrían activarse entre, por ejemplo, propietarios de viviendas e inquilinos "para que todos contribuyéramos más rápidamente posible a la recuperación".
Las patronales de banca, AEB y CECA, anunciaron precisamente ayer que el sector está preparando una moratoria de tres meses ampliables para préstamos a particulares, autónomos y pequeñas empresas, similar a la instrumentada durante la pandemia del Covid. Estrada reparó en la importancia de que esta medida se articule dentro del decreto que aprobará el Gobierno con otras soluciones para que el "tratamiento prudencial y contable" de las prórrogas no penalice excesivamente a la entidad. En ese paquete de ayudas, el Ejecutivo ya ha adelantado que reactivará, entre otros, los ERTEs para proteger a aquellos empleados que no puedan ejercer si sus empresas no pueden operar.
Incluir el riesgo en tasaciones
En principio, las tasaciones que se realizan de los inmuebles antes de conceder la hipoteca deberían tener en consideración el riesgo de ocurrencia de eventos así, pero la realidad es que los precios de viviendas en zonas con, por ejemplo, más exposición a inundaciones tienen habitualmente precios inferiores. Estrada admitió que puede haber un problema de falta de experiencias o precedentes para incorporar de forma adecuada el riesgo climático en el riesgo de crédito de la transacción.
Sin embargo, reconoció que eventos climatológicos así obligan al propio organismo y a los supervisores a poner más foco en los daños físicos. El mismo Banco de España ha puesto en marcha más estudios técnicos relativos a los daños del cambio climático.
En clave de supervisión, el Banco Central Europeo (BCE) emitió hace 4 o 5 años unas expectativas supervisoras para orientar a las entidades ante riesgos climáticos en su toma de decisiones y posteriormente ha elaborado unas guías con recomendaciones adicionales. Su aplicación la está monitorizando en interlocución con las entidades y con herramientas como los test de estrés climáticos lanzados. Sin embargo, aún continúa cierto sesgo hacia ayudar a empujar la descarbonización y menos en analizar los impactos físicos y del capital.
También hay un debate abierto sobre la posibilidad de fijar colchones que penalicen los mayores riesgos, pero señaló que son medidas que precisan extremar la prudencia para no penalizar a los más vulnerables -por ejemplo, un recargo en hipotecas para viviendas sin la certificación energética podría dañar a familias con menor poder adquisitivo-.
