El Gobierno descuenta que prorrogará el llamado impuestazo a la banca con el tributo gemelo al sector energético hoy en el aire al descolgarse Junts con que no apoyará ninguna iniciativa que amenace inversiones en Cataluña. El punto flaco del gravamen se encuentra por el lado energético. Junts per Catalunya anunció ayer a través de su portavoz en el congreso, Míriam Nogueras, que la formación no apoyaría la tasa debido al riesgo de fuga de 1.100 millones de Repsol en Tarragona. Esto complica la aritmética del Ejecutivo para sacar adelante la norma, que requiere de mayoría simple -más votos a favor que en contra-.
La intención era prorrogar ambas figuras a través de enmiendas a la normativa que fija la tributación mínima de los grupos multinacionales y grupos nacionales en el 15%. Si el apoyo de Junts decae, el Gobierno perdería una de sus opciones para legislarlo, razón por la que ha decidido extender el plazo de enmienda hasta el día 30 buscando cuadrar el apoyo parlamentario.
La otra opción que gana fuerza ahora es que el Gobierno legisle el gravamen a través de un Real Decreto Ley, una alternativa que, según fuentes conocedoras, permitiría al menos prorrogarlo y ganar tiempo para encontrar nuevas fórmulas para incluirlo en el ordenamiento fiscal de manera permanente. En ambos escenarios cabe también la posibilidad de que ambas tasas, energética y a la banca, vayan de la mano o se presenten formulaciones separadas que no hipotequen un tributo si el otro decae.
En tal caso, queda también pendiente de ver si el Ejecutivo decide mantener el gravamen al sector energético tal y como está o si lo modifica. Las distintas empresas ya están presionando para contar con una tributación que les permita desgravaciones a través de, por ejemplo, inversiones 'verdes'. En este sentido Aelec, la patronal de las eléctricas, asegura que el actual modelo es "inconsistente" con la normativa europea, ya que afecta a todas las energéticas por igual, mientras que la contribución solidaria europea "grava únicamente a las empresas de petróleo, carbón y gas".
La banca rehúsa la carta política
La banca,como el sector energético rechazó de plano y de forma airada el gravamen y lo llevó a los tribunales para tumbarlo, pero no ha escenificado la oposición en foro público desde que el Ejecutivo anunció días atrás que lo perpetuará, en contra de su formulación inicial de que sería una tasa extraordinaria y con vigencia para 2023 y 2024.
No trasciende que esté jugando tampoco la carta política a través de socios del Gobierno que puedan dar su brazo a torcer con la contundencia expresada por Repsol, cuya amenaza de deslocalizar inversiones ha colocado el futuro del tributo energético en cierto stand by, indican a elEconomista.es observadores políticos.
Esas fuentes dan por sentado que Moncloa sacará el gravamen bancario, aunque con un diseño menos cuestionado que el actual. El Ejecutivo fijó una tasa del 4,8% sobre los ingresos por comisiones e intereses de la banca argumentando que las entidades tenían que contribuir a pagar ayudas a los colectivos afectados por la crisis con el beneficio extraordinario generado por la subida de tipos.
El sector rechazó la mayor explicando que los tipos se han "normalizado" tras varios años en un insólito terreno negativo, denunciaron que esa fórmula incurre en una doble tributación al gravar los ingresos, alertaron de que el tributo acabaría perjudicando al crédito y reprobó la asimetría de obligar a tributar solo a los bancos grandes españoles -no aplica a entidades extranjeras o fintech ni a aquellas otras cuyos ingresos en 2019 fueran inferiores a los 800 millones-.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha abogado estos días por la necesidad de "adecuar" la figura que era temporal teniendo en cuenta que el ciclo financiero, de crédito, de tipos no va a estar siempre en el punto actual, en lo que supone un claro cambio en el diseño.
El gobernador del Banco de España y exministro de Función Pública y Transformación Digital, José Luis Escrivá, abogó también en una reciente entrevista por lograr que "sea lo más neutral posible" y alertó sobre el riesgo que plantea que no considere las provisiones, más elevadas en algunos negocios como la financiación a pymes.
En apariencia parece todo abierto, pero las indicaciones de ambos casarían con un gravamen sobre el beneficio, en lugar de ingresos, que no discrimine por tamaño ni penalice a la banca nacional frente a la extranjera. Paradójicamente, el tributo comenzó a aplicarse cuando el euríbor rondaba el 3,3 y hoy roza el 2,7%, lo que desmontaría per sé la tesis de gravar resultados "extraordinarios", máxime cuando los tipos ahora están a la baja. La actual tasa aplica además sobre con el conjunto de los ingresos y no sobre el aumento cosechado en los mismos tras la subida de tipos, contrariamente a esa idea de aplicar la fiscalidad sobre lo recaudado extra por los movimientos del BCE.
