El juez de Popular pide a Santander y PwC que aporten las pólizas de seguro de la responsabilidad civil

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama pide a Banco Santander y a PwC que aporten las pólizas de seguro que tuvieran contratadas con el fin de asegurar la posible responsabilidad civil en la causa abierta por la ampliación de capital del Banco Popular en 2016. Este hecho, tal y como se recoge en el auto, no supone decisión alguna sobre la posibilidad de abrir juicio oral a las aseguradoras.

Banco Santander y PwC tienen ahora tres días para que aporten la documentación requerida. En el caso del primero, se refiere a las pólizas de seguro que pudiera tener contratadas para asegurar la responsabilidad civil en el momento de su absorción del Banco Popular. Para la auditora, Calama pide la documentación relativa a la responsabilidad civil derivada del ejercicio de su actividad empresarial y la de sus socios Pedro Barrio Luis y José María Sanz Olmeda, durante el ejercicio 2015 y primer trimestre de 2016, así como cualesquiera adendas o modificaciones.

Calama explica en el citado auto que tanto el Banco Santander como PwC se han opuesto a la diligencia acordada, en el caso del primero porque afirma que ya se entregaron las pólizas que en su día suscribió el Banco Popular y porque no se ha suscrito ninguna póliza de seguros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles de los antiguos gestores de dicha entidad. En el caso de la consultora, consideraba que el periodo solicitado excede de los hechos punibles, que sería suficiente con facilitar el nombre de la entidad aseguradora y que el momento oportuno para acordarlo sería la apertura de juicio oral.

Así, este nuevo movimiento de Calama dota a las acusaciones de toda la información necesaria para que puedan ejercitar sus acciones civiles frente a quien o quienes consideren que tienen la obligación legal o convencional de asumir su pago. A partir de ahí, indica el citado auto, las acusaciones podrán decidir la viabilidad o no de dirigir sus acciones civiles frente a las aseguradoras de la responsabilidad civil, así como el riesgo de la imposición de las costas.

El pasado mes de marzo, Calama finalizó la instrucción del caso Banco Popular y propuso juzgar al expresidente de la entidad Ángel Ron, a otros doce directivos, además de a la propia PwC por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016 a la que los inversores acudieron "engañados" puesto que los estados financieros de ese año y de 2015, según el instructor, "no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio".

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