La petición de los supervisores de copiar en España el impuesto a la banca de Italia y que se destine a reforzar la solvencia devuelve a primera línea la hucha de capital del sector. La red construida por la gran banca (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) excede en más de 45.700 millones de euros el requerimiento mínimo regulatorio y, sin embargo, el sector exhibe tradicionalmente el ratio de solvencia más escuálido de los sistemas europeos.
La tasa más exigente de capital CET1 de la banca nacional se situó en septiembre pasado en el 12,36%, inferior al 15,61% medio de la banca europea y ocupó la última posición en las estadísticas que compila la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). En lo alto de la tabla destacan los sistemas bancarios de Estonia (23,01%), Letonia (20,29%), Luxemburgo (19,4%) e Irlanda (19,18%), y por la parte baja del ranking se sitúan Grecia (14,27%) y Austria (14,85%), justo por encima de España. En las economías de referencia como Francia, Portugal, Italia o Alemania la horquilla se mueve entre el 15,84% y el 16,38%.
La peor posición nacional no implica que las entidades vayan justas de recursos propios y en gran parte se explica además porque la fórmula para cocinar el capital resulta más exigente en España que en otras jurisdicciones. Obliga a remansar más recursos propios por el mismo volumen de riesgo asumido de forma que un banco español puede acometer el mismo esfuerzo en acumulación de solvencia que otro foráneo y exhibe un ratio inferior.
Con todo, y desde su actual posición, solo la banca cotizada nacional ha construido una hucha de capital CET1 que rebasa los 170.770 millones en su ratio más exigente (CET1) y 45.700 millones es fruto de una acumulación voluntaria o extra. El Banco Central Europeo (BCE) examina todos los años los riesgos de las entidades y determina el capital mínimo que deben acopiar en el ejercicio conocido como SREP, por sus siglas en inglés.
El ratio mínimo que deben cumplir este año oscila entre el 9,6% impuesto a Banco Santander, el más alto por ser una entidad sistémica mundial; y el 7,80% de Bankinter, y en los seis bancos cotizados excede el 12%. Y es que las propias entidades o, en el mercado en algunos casos, se fijan como compromiso interno un umbral entre un 11 y 12% (Sabadell lo sube, incluso, al 13%) como un mensaje de fortaleza y porque el propio mercado demanda ratios superiores al propio supervisor. Tomando de referencia este último rango y no el ratio regulatorio del BCE, todavía albergan 6.400 millones de exceso de capital, aunque han venido usando la hucha para remunerar a los accionistas.
La obsesión del supervisor siempre ha sido aconsejar acopiar más solvencia y el mensaje se ha intensificado en los últimos meses frente al escenario de incertidumbre macrofinanciero. Con la decisión del Gobierno de prorrogar el impuestazo, tanto los supervisores (Banco Central Europeo y Banco de España) como el regulador (Autoridad Bancaria Europea) le han instado esta misma semana a no drenar recursos del sector sino fortalecerlo, al estilo italiano.
El Ejecutivo liderado por Giorgia Meloni adoptó, como en España, un tributo para la banca cuando los beneficios se incrementaron por la subida de tipos, pero exonera de su pago a las entidades si refuerzan su ratio de capital con un importe que multiplique por dos veces y media la cantidad devengada por el tributo. Para evitar picarescas y que esos fondos se utilicen después para distribuir dividendos penaliza además el rescate.
La opción italiana fortalecería los balances. La propia banca ha cifrado en 50.000 millones su capacidad de prestar adicional si se destinasen los 3.000 millones que el Gobierno quería recaudar en los dos años originales del tributo a reforzar capital en lugar de tener que pagarlo a Hacienda. En cualquier caso, el sector denuncia que ya paga más impuestos que el resto de las empresas (un 30% en impuesto de sociedades frente al 25% original, junto a diferentes tasas exclusivas de la banca) y su demanda es que se elimine.
De prorrogarse, urgen que, al menos, se extienda a todas las entidades frente a la discriminación actual que exonera a la banca extranjera y a las entidades de menor dimensión; sea deducible en el impuesto de sociedades para evitar la doble imposición e incorpore otras deducciones.