La banca enfrenta en España una situación normativa singular en materia de activos tóxicos. El Gobierno aún debe trasponer al ordenamiento jurídico la directiva que regulará esta actividad y cuya implantación debería estar lista antes del 29 de diciembre próximo y, sin embargo, el pasado mes de septiembre ya entró en vigor un reglamento que obliga a las entidades a cumplimentar determinados formularios cuando venden carteras crediticias morosas.
Se trata de unas plantillas elaboradas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) con hasta 129 campos o datos (69 obligatorios y el resto de voluntarios) con los que persigue establecer una información estandarizada para promover el mercado a escala continental y alentar la concurrencia de nuevos inversores, eliminando barreras informativas.
Desde Angeco, la Asociación Nacional de Empresas de Gestión de Créditos que aglutina a la mayoría de operadores de la industria minimizan la distorsión que introduce el decalaje normativo porque España cuenta con uno de los mercados más maduros en transacciones de porfolios de deuda, carteras de créditos y activos inmobiliarios, y la práctica ha impuesto unos reportes informativos que, en muchos casos, exceden la exigencia de la EBA.
Sin embargo, las plantillas sí introducen otros datos que supondrán un desafío. El mayor es que exigirán a los bancos desglosar los intereses que cobran a clientes en los créditos que vendan de manera individualizada, algo que no se estaba compartiendo hasta ahora. Las entidades suelen detallar el capital pendiente de cobro de la deuda y añadir de manera genérica que también devenga intereses, pero la falta de concreción lleva en la práctica a que los compradores de la deuda no exijan a los clientes su retorno. Su inclusión supondrá una mayor capacidad de recobro, o ajustes en el precio de la transacción si el vendedor renunciase a detallarlos.
En el mercado echan, por otro lado, en falta diferentes datos que ayudan a valorar la transacción y gestionar la recuperación que las plantillas no incluyen aunque suelen compartirse en España tales como el género y la edad del deudor, cuándo declaró el concurso la empresa morosa y dejó de pagar el cliente, o los códigos de identificación del proceso concursal y el número de registro hipotecario, que ayudan a identificar con agilidad el activo.
En Angeco están convencidos de que las entidades seguirán compartiéndolos aunque no lo exija la nueva ley para favorecer las transacciones. En la asociación consideran la colaboración entre las entidades de crédito y Angeco una herramienta clave para que se vaya conformando una regulación adecuada en atención a la madurez que presenta el sector tras décadas de actividad.
Trasposición de la directiva
El Gobierno lanzó a finales de 2022 una consulta pública sobre la implementación de la directiva de activos improductivos (NPL) para recabar la opinión de todos los operadores sobre la que será la primera regulación de la industria. Su intención era contar pronto con un borrador para aprobarla este año, pero el parón impuesto por las elecciones anticipadas frenó el proceso. Angeco es el interlocutor apoyado por el sector para que trate su elaboración con el ministerio.
Supervisores y legisladores europeos pusieron bajo lupa los préstamos dañados tras la crisis financiera después del fuerte atasco que se produjo en los balances de los bancos. La EBA ha diseñado las plantillas tras analizar las diferentes prácticas de mercado y someterla a consulta de los operadores, tomando de base un formulario aprobado en 2017 pero cuya utilización era voluntaria.
Los formularios que ahora impone deberán estar disponibles en formato electrónico y aplicarán para las entidades financieras que vendan deuda (no así para los fondos en un mercado secundario). Quedan fuera de la obligación las operaciones que formen parte de una desinversión de sucursales, líneas de negocio, en una reestructuración de una entidad, operaciones complejas (titulizaciones, con derivados, etc.), cuando atañe a un único préstamo moroso o varios con un solo prestatario. Los datos personales no se compartirán con los potenciales interesados hasta que se abra la due diligence.
