El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha rechazado la intervención judicial de Gedesco que pedía JZI al considerarla "desproporcionada" en el momento actual del proceso, pero aplicará gran parte de las medidas cautelares restantes que solicitaba. En un fallo ordena devolver a la matriz Gedesco Finance, controlada en un 67,33% por el fondo, los derechos políticos en sus filiales, suspender las modificaciones estatutarias que habían alterado dichos poderes y prohíbe transferir o gravar las participaciones en dichas sociedades a los querellados (Antonio Aynat, Javier García Escrivá y José Luis Villafranca, miembros de la cúpula de Gedesco, y los exgestores del fondo Miguel Rueda y Ole Groth).
La sociedad de capital riesgo americana pidió al juzgado adoptar las medidas dentro de la querella interpuesta contra sus dos gestores en España y la cúpula de Gedesco Finance bajo la acusación de que se valieron de la sociedad y sus recursos para invertir en empresas y lucrarse a espaldas del fondo.
El fiscal que instruye el caso apoyó su adopción, incluso, con la intervención judicial de Gedesco, y rechazó imponer a los inversores americanos la finanza de 60 millones que solicitaban a su vez los querellados.
Las cautelares aprobadas por el juzgado afectan, en concreto, a Gedesco Services Spain, que es la mayor sociedad del grupo, con alrededor de 400 millones en volumen de negocio; a Gedesco Factoring y a Pagaralia. Entre los cambios que pide revertir figura, por ejemplo, una modificación estatutaria que puso la sociedad principal Gedesco Services bajo el control accionarial único de Venalta, propiedad de Antonio Aynat, fundador y consejero delegado de Gedesco.
El tribunal estima en el auto emitido con fecha de hoy, 28 de junio, "fundamentadas" las cautelares adoptadas para evitar nuevos cambios de poder en las filiales y deja abierta la puerta a "la posible imposición de fianza y embargo cautelar de bienes de los querellados" en el futuro, en "caso de hacerse más consistentes los indicios de conducta penal y la vulneración patrimonial de la entidad Gedesco".
Sin embargo, rechaza la administración judicial por "desproporcionada" y "desmesurada en el ámbito de los intereses de los socios querellados, sobre la base de un relato fáctico de imputación extremadamente amplio y sobre la base de hechos y elementos que distan en este momento, parte de ellos, de estar acreditados".
Conviene que una administración independiente ayudaría a "solucionar el bloqueo social en el que al parecer Gedesco Finance se encuentra", pero repara en que también supondría "de una manera muy drástica anticipar las consecuencias pretendidas por el socio financiero mayoritario" antes de que se acrediten los hechos denunciados.
El fondo americano acusa a los cinco querellados de montar una estructura societaria, que bautiza como 'Trama Stator', para supuestamente desviar 100 millones de euros de Gedesco con los que entrar en, al menos, 19 compañía. Les acusa de cometer hasta diez delitos diferentes con sus actuaciones, entre los que les imputa el de estafa, falsedad contable y en documento mercantil, apropiación indebida y administración desleal.
El gigante del capital riesgo JZI compró su participación mayoritaria en Gedesco en 2007 y llevó a los tribunales por vez primera a sus dos exgestores en Nueva York en marzo de 2022 tras estallar el conflicto después de advertir irregularidades. Posteriormente, ambas partes han interpuesto una decena de actuaciones judiciales en diferentes instancias judiciales y jurisdicciones.
