¿El Banco de España es independiente con tanto nombramiento político?

Cada vez que a un consejero del Banco de España le vence el mandato se agitan, con más o menos intensidad, las aguas políticas. El penúltimo capítulo se acaba de escribir ahora: el Gobierno colocará a Judith Arnal, jefa de Gabinete de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, hasta el pasado mes de diciembre, y el PP designará a Antonio Cabrales, doctor en Economía por la Universidad de California. Arnal toma el relevo a Carmen Alonso, nombrada en su día por el PSOE, y Cabrales al ex secretario de Estado promovido por el PP, Fernando Eguidazu, asumiendo también su función ejecutiva.

A ambos les expiró el mandato el pasado día 3 y, aunque su relevo se ha dilatado unos días en el calendario, se ha resuelto sin cristalizar el temor del PP a que el Ejecutivo impusiese directamente ambos cargos sin consultarle y, sobre todo, evitando agrias polémicas que salpicasen a la institución. En marzo tocará además resolver el relevo de la cuota catalana, que ocupa Nuria Mas.

A pesar de la ágil decisión sobre las vacantes, desde ámbitos políticos se afea al Ejecutivo no respetar el equilibrio original y escorar el peso del Consejo de Gobierno del supervisor a su favor. Desde que en 1995 se aprobó la Ley de Autonomía del Banco de España, que convertía esta institución en la autoridad monetaria y el supervisor "independiente" del Ejecutivo, hay una regla no escrita por la que el partido en La Moncloa propone al gobernador y la oposición al subgobernador.

La composición de los seis consejeros no natos ha corrido a cargo del partido en el Gobierno, con tres consejeros, dos del lado de la oposición y la llamada cuota catalana. Este balance se distorsionó en julio del año 2020 cuando la Moncloa situó a Carles Manera, economista e historiador próximo al PSOE de las Islas Baleares, para sustituir a Rafael Castejón, puesto por el PP. Es decir, a fecha actual solo uno de los cargos ha sido promovido por el PP y cuatro por el PSOE.

Junto a esos diez miembros, el máximo órgano de Gobierno del Banco de España lo integran además dos consejeros no natos cuyo alineamiento depende también del partido en el poder, al ser el secretario del Tesoro y Financiación Internacional, y la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pacto es que sean perfiles técnicos, con reputadas y largas carreras profesionales desligadas de la política y, sin carné de partido, pero la tentación de utilizarlos como arma política es un riesgo constante para la institución. Dicho acuerdo tácito ha truncado, de hecho, la entrada de algunos exministros en el Consejo de Gobierno como el del titular de Comercio, Turismo y Transportes en la época de UCD, Luis Gamir, pero también se rompió cuando el exsecretario de Estado del PSOE Miguel Ángel Fernández Ordóñez, fue gobernador.

El mismo Pablo Hernández de Cos reclamó en el Congreso otorgar mayor relevancia al Parlamento

Desde esferas políticas se malicia que el Ejecutivo podría estar tentado a intentar "suavizar" los informes de una institución acostumbrada a sacar los colores y poner deberes al inquilino de la Moncloa con la mayoría acumulada ahora.

Aunque son cargos autónomos, técnicos y profesionales, el alineamiento con el promotor puede condicionar, algo que no ocurriría si se impusiese a una institución tan clave para la economía exigencias en cuotas de consejeros independientes análogas a los bancos que supervisa (el supervisor lo hace, precisamente, para evitar seguidismo del que favorece el nombramiento).

El mismo Pablo Hernández de Cos reclamó en el Congreso otorgar mayor relevancia al Parlamento en el nombramiento del gobernador, el subgobernador y los miembros no natos del Consejo de Gobierno para, dijo, reforzar "la percepción pública de independencia y legitimidad de los responsables" y "repercutiría positivamente en el prestigio de la institución".

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