El sector financiero –grupos bancarios y aseguradoras– acelera en la adaptación de sus carteras frente al riesgo climático por convicción y acuciado por la regulación. Los supervisores han decidido empujar este año la carrera con exigencias específicas, aún cuando faltan por completar flecos normativos imprescindibles como la taxonomía que definirá qué industrias y actividades se consideran sostenibles y cuáles no, con la única intención de empujar la transición en las entidades a través de la concienciación y de una propagación de las mejores prácticas porque el tiempo apremia.
El Banco Central Europeo (BCE) resolvió en julio el primer test de estrés climático con un resultado preocupante en gran parte fruto, precisamente, de la ausencia de ese diccionario común (taxonomía) y de una ruta clara de descarbonización en las economías.
Tras escrutar los balances de las principales entidades del euro concluyó que la banca europea perderá 70.000 millones de euros si descuida el riesgo climático o realiza una gestión inadecuada de la transición energética. Su estudio fue casi de aproximación, para comprobar el grado de preparación de las entidades y extraer lecciones por parte de la banca y el supervisor sobre cómo abordar el desafío.
El mismo BCE admitió que el impacto cifrado estaba "infravalorado" precisamente por la escasa disponibilidad de datos, la baja preparación aún del sector y hasta por haber testado una parte muy parcial del balance. Sin embargo, advirtió de que casi dos tercios de los ingresos con clientes empresariales estaban ligados a negocios o industrias contaminantes poniendo en evidencia lo mucho que hay que hacer y, aunque esta vez no puso suspensos ni aprobados, el examen será una base para empezar a poner deberes sobre lo aprendido y potencialmente condicionar los requerimientos de capital de las entidades poco aplicadas.
En el sector asegurador ha ocurrido algo parecido. La normativa europea exige a las compañías considerar la sostenibilidad en todas sus actuaciones y políticas desde el pasado día 2 de agosto. Las aseguradoras y reaseguradoras están obligadas a integrar el cambio climático en la estrategia comercial, su gestión de riesgos (negocio e inversiones) y actuarial, al diseñar y vender productos a clientes e, incluso, en su gobernanza y fijación de políticas de remuneraciones de las plantillas.
La vocación del regulador aquí es la misma: ir dando pasos sin esperar a que toda la regulación esté cerrada porque la situación obliga a actuar ya y el seguro, como la banca, es un sector estratégico para favorecer la lucha contra el cambio climático en todos los sectores industriales y mitigar sus nocivos impactos.
Supervisores, reguladores y entidades confían que los criterios y exigencias se vayan afinando a medida que se complete la regulación pendiente y haya más experiencias, pero la carrera acaba de coger velocidad espoleada por la pandemia y los cada vez más habituales y graves desastres naturales.
El sector asegurador está particularmente sensibilizado porque va directo a su cuenta. Las lluvias torrenciales, huracanes, terremotos y demás precipitaciones extremas provocaron al seguro mundial pérdidas valoradas en 105.000 millones de dólares (103.000 millones de euros) en 2021 conforme a las estimaciones de Swiss Re Institute, las cuartas más altas desde 1970.
100.000 millones en pérdidas
La banca se expone, sobre todo, a pérdidas en exposiciones de clientes que no sepan o quieran adaptar los negocios contaminantes cuando la transición hacia lo verde permeará a todas las industrias. El Banco Mundial ha alertado de que el calentamiento podría llevar a 100 millones de personas a la pobreza en 2030 y un estudio de Oxford Economics augura una contracción del PIB mundial entre el 2,5 y 7,5% si la temperatura sube en 2º C sobre los niveles preindustriales. Para lograr que las industrias reduzcan al máximo las emisiones de CO2 y apuesten por la economía sostenible a la banca, como al seguro, le toca ir cerrando el grifo del crédito, inversiones y aseguramiento a los proyectos "marrones" sean corporativos o, incluso, de clientes particulares.
Del desafío nace, al tiempo, una oportunidad de negocio porque transformar las economías comprometerá ingentes inversiones que precisarán financiación y coberturas del riesgo. Según distintos estudios, las compañías calificadas como sostenibles son además más resilientes y capaces de obtener mejores rentabilidades precisamente por esa fortaleza frente a los riesgos.
Para poner coto a las emisiones de gases de efecto invernadero y a sus graves consecuencias medioambientales, sociales y económicas, la Unión Europea estimó en el año 2018 en alrededor de 180.000 millones de euros las inversiones anuales necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. El Banco Europeo de Inversiones elevó la cuantía a los 270.000 millones anuales.
Y España, de manera específica, deberá invertir 85.000 millones al año en tecnologías verdes para descarbonizar la economía en el año 2050, según el informe "España cero neto: el polo de descarbonización de Europa" de McKinsey & Company. El estudio estima que el país podría llegar a las emisiones netas nulas en 2045 y emisiones negativas en 2050 con la inversión de capital en tecnologías "verdes" de alrededor de 2,5 billones acumulados, equivalente al 6,2% del PIB promedio anual hasta el horizonte estimado, sosteniendo en paralelo 1,1 millones empleos de promedio hasta 2050 con la inversión en la transición ecológica.
El informe concluye que el desafío puede poner en situación de ventaja al país y convertirlo en "polo verde" en Europa, gracias a la capacidad para desarrollar energías limpias, y subraya el rol clave de la banca "como dinamizador del acceso al crédito y de la transición".
Dejar de financiar el carbón
Las entidades financieras, sobre todo las de mayor tamaño, y las aseguradoras apresuran el cambio ampliando el catálogo de productos, tanto para empresas como para particulares, e incentivan además los proyectos verdes con precios más favorables a medida que los clientes van cumplimento hitos en su adopción. En su mayoría, las entidades se han dotado además de comités o comisiones específicas de sostenibilidad con estrategias definidas y que reportan al consejo de administración para que el plan involucre a toda la organización y se han fijado objetivos públicos en su consecución.
BBVA tiene uno de los más ambiciosos. Se propone destinar hasta 300.000 millones de euros a financiación sostenible entre 2018 y 2050, el triple del compromiso que asumió en su origen. En junio pasado ya había alcanzado los 112.000 millones. El banco pretende ser neutro en 2025 para sus emisiones –lo es desde 2020– y las de clientes. Se ha comprometido a dejar de financiar actividades relacionadas con el carbón en las economías desarrolladas en 2030 y en las emergentes en 2040; y de forma adicional se ha fijado metas como reducir la intensidad de carbono de su cartera crediticia un 52% en generación eléctrica entre 2020 y 2030, o el 46% en la fabricación de automóviles y un 30% en las emisiones de los clientes en los sectores de gas y petróleo.
El Santander tiene a su vez el propósito de alcanzar los 120.000 millones de euros hasta 2025 en financiación verde y llegar a los 220.000 millones en 2030. Como miembro fundador de la Net Zero Banking Alliance, quiere llegar a las cero emisiones netas en 2050. Y, entre otros hitos, dejará de dar servicios financieros a clientes de generación de energía eléctrica cuyos ingresos dependan en más de un 10% del carbón térmico en 2030, cuando eliminará por completo además su exposición a la minería de carbón térmico en todo el mundo.
Por su parte, CaixaBank se ha fijado la ambición de movilizar 64.000 millones a financiar principalmente iniciativas de transición energética, microcréditos para estudiantes, autónomos, microempresas o familias, y nuevas empresas que creen empleo a través de la financiación sostenible. Forma parte de su plan estratégico 2022-2024, que pone igualmente acento en avanzar en alcanzar las emisiones cero netas en 2050 y reducir para 2030 las emisiones financiadas del sector de electricidad, petróleo y gas. Como el Santander y BBVA, pone también foco en promover una banca inclusiva.
La estrategia del Sabadell pasa, entre otros hitos y a grandes rasgos también, por alcanzar los 65.000 millones de euros en productos y servicios movilizados para 2025 y que el 60% de los préstamos corporativos con grandes empresas estén para entonces ligados a criterios sostenibles. Al cierre de 2021 había superado los 11.000 millones, con un 45,7% de financiación de grandes corporaciones cumpliendo las reglas que ambiciona.
En el sector asegurador las compañías contribuyen también desde diferentes prismas al cambio. De un lado, promueven la prevención y cubren los riesgos. De otro, son uno de los grandes inversores institucionales de las economías y han colocado prioridades ESG (medioambiental, social y de buen gobierno) entre los criterios para decidir sus apuestas.
El plan del Grupo Mutua pone acento, por ejemplo, en contribuir a la mejora social "ofreciendo la mejor protección ante los riesgos, gestionando de forma sostenible sus activos, cuidando el medio ambiente, creando empleo de calidad y generando diálogo y confianza entre los clientes, socios, instituciones y el tercer sector". Entre otras metas busca alcanzar la neutralidad de carbono en 2040, un 40% de reducción del consumo de energía o alinear al 100% de los proveedores con su Código Ético de Proveedores.
Mapfre se ha autoimpuesto a su vez retos como no asegurar ya este año a empresas que obtengan más del 20% de sus ingresos de energía producida a partir del carbón térmico o por la extracción o producción anual de ese carbón en cuantías superiores a las 20 toneladas al año. Tampoco dará cobertura a aquellas con planes de expansión en producción de esa "energía marrón" superiores a los 300 megavatios. Es solo un ejemplo, ya que su hoja de ruta fija límites similares para diferentes industrias y se compromete además a no invertir en proyectos contaminantes.
