British American Tobacco (BAT), la empresa propietaria de marcas de cigarrillos como Lucky Strike o Pall Mall, se ha lanzado de lleno a competir en el desarrollo de nuevos productos y dispositivos menos nocivos para la salud, sin humo ni ceniza. La compañía, que cuenta con un equipo de 1.200 científicos, un centro de I+D en Southampton y un laboratorio en Cambridge (ambos en Reino Unido), ha invertido 1.500 millones de dólares, unos 1.300 millones de euros, en los últimos seis años para el lanzamiento de lo que se conoce ya como los NGP (New Generation Products, según sus siglas en inglés).

Marta Álvarez, hija de Isidoro Álvarez, expresidente de El Corte Inglés, fallecido hace tres años, gana poco a poco cada vez más peso en la cúpula directiva de la empresa de distribución. Consejera de la compañía y miembro de su comisión ejecutiva, Álvarez ha sacado adelante la designación de dos nuevos consejeros delegados, que asumirán a partir de ahora la gestión al frente del grupo. Se trata de Víctor del Pozo y Jesús Nuño de la Rosa, dos personas de su máxima confianza, cuyo nombramiento podría aprobarse este miércoles en la reunión del consejo de administración.

La plataformas de televisión de pago han desatado una guerra por conquistar el mercado español. Multinacionales como Netflix, HBO, Sky o Amazon TV han aterrizado en nuestro país en los dos últimos años replicando el esquema de los grandes gigantes online como Google, Facebook o Twitter, que usan Irlanda para rebajar su factura fiscal europea. Así, y en línea con sus hermanas mayores, estos videoclubs en Internet facturan fuera de nuestras fronteras todo el negocio que generan en España y algunas ni siquiera han constituido una sociedad aquí. Por ejemplo, el usuario que quiera acceder a los contenidos de Netflix, una de las plataformas con más penetración en nuestro país, tiene que firmar un contrato con la sociedad Netflix International BV, con sede en Holanda. El usuario paga a esa empresa la cuota mensual y es esta la que emite la factura. La multinacional, de hecho, no tiene ninguna sociedad en nuestro país.

Las auditorías de la SGAE correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014 revelan una salida presuntamente irregular de fondos para el reparto de derechos de autor por un importe de 18 millones de euros. EY, la firma que se encargó de supervisar los estados contables de la sociedad, explica en los informes correspondientes a estos dos años que el consejo de dirección acordó con fecha de 3 octubre de 2013 distribuir la bolsa de derechos de autor pendientes de identificar del año 2008 saltándose las norma internas de la propia entidad de gestión.