Las auditorías de la SGAE correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014 revelan una salida presuntamente irregular de fondos para el reparto de derechos de autor por un importe de 18 millones de euros. EY, la firma que se encargó de supervisar los estados contables de la sociedad, explica en los informes correspondientes a estos dos años que el consejo de dirección acordó con fecha de 3 octubre de 2013 distribuir la bolsa de derechos de autor pendientes de identificar del año 2008 saltándose las norma internas de la propia entidad de gestión.
Los derechos pendientes de identificación han sido desde años objeto de polémica en la SGAE. Se trata de una bolsa de dinero -de hasta 120 millones de euros en su momento- recaudado en derechos de autor por la entidad en obras que por su escasa duración, por su forma de presentación o por cualquier otra circunstancia, no se pueden identificar al autor de la forma habitual y, por tanto, su importe pasa a una bolsa común denominada "pendiente de identificación".
La SGAE, bajo la presidencia de Antón Reixa, decidió afrontar esa identificación, pero, según señala el auditor, "dicho reparto podría, en su caso, considerarse no ajustado a la disposición transitoria decimoquinta de los estatutos de la sociedad". Según señala la propia auditoría, en una modificación de dichos estatutos, aprobada en diciembre de 2012, se estableció que esos derechos de autor "serían objeto de reparto sólo a partir del ejercicio 2015 y por lo tanto, podría interpretarse que hasta esa fecha los mencionados derechos repartidos y no identificados, una vez prescritos, deberían pasar a formar parte de los recursos económicos de la sociedad". En sus informes de gestión la SGAE explica que la decisión se adoptó por mayoría, sin embargo, en cumplimiento de la voluntad de la entidad que se explicitó en las reuniones del consejo de dirección y de la junta directiva".
Así, el Consejo de Dirección aprobó "un reparto extraordinario total de 19,5 millones de euros". De esa cifra, 18 millones fueron con cargo a los repartos pendientes de identificar del año 2008 y 1,5 millones con cargo al Fondo Audiovisual. El auditor explica que "el consejo de dirección de la sociedad entiende que la decisión adoptada de llevar a cabo el mencionado reparto entra dentro del ámbito de sus competencias, de acuerdo con los estatutos". No obstante, EY advierte también en su informe que esta decisión "podría poner de manifiesto aspectos que no es posible determinar (...) y que constituyen una incertidumbre sobre el impacto final de los mismos en las cuentas anuales".
En las actas de la comisión rectora de 2012, a las que ha tenido acceso elEconomista, se explica además que ese año se acordó el inicio de un Plan de Choque que consistía en la revisión de todas las cuentas pendientes referidas a obras musicales, audiovisuales y dramáticas y que supusieron el reparto de un total de 74,8 millones de euros, del que se beneficiaron fundamentalmente los grandes grupos editoriales. En una de esas actas se señala, en concreto, que "para dar cumplimiento a lo requerido por la Comisión y dado lo ambicioso del proyecto y la ingente cantidad de obras y períodos a revisar (más de 8 millones de registros musicales, audiovisuales y dramáticos) se constituyó un equipo de trabajo compuesto por 37 personas de las diferentes áreas del departamento de Operaciones, que llevó a cabo una exhaustiva revisión de las partidas pendientes".
De hecho, el entonces presidente de la multinacional discográfica Warner y directivo de la SGAE, Álvaro de Torres, ofreció a su equipo y al de otros editores "para ayudar a la identificación de los repertorios", algo que finalmente se aceptó, solicitando asimismo la ayuda de las asociaciones autorales.
Uno de los socios de la SGAE, Rafael Tena, al que se van a unir otros autores, está preparando ahora una actuación penal contra aquella decisión, al entender que ese reparto extraordinario se hizo para beneficiar fundamentalmente a los grandes grupos editoriales, como Warner. "El resultado de dicha identificación acelerada es una incógnita ya que a cada autor le llegó una cantidad global donde no se identificaban ni los títulos ni los medios donde se usó su repertorio para acreditar dicho reparto", asegura a elEconomista Rafael Tena. "Incluso personal del departamento de SGAE asegura que a las multinacionales no les hubiera correspondido más de 2.000 euros de dicha bolsa de pendiente de reparto", indica el productor.
De acuerdo siempre con las actas de la SGAE, en conjunto el reparto de esos casi 75 millones benefició en derechos de ejecución a 22.521 autores, 1.924 editores y 221 sociedades de autor, que representan a 224.007 autores de todo el mundo. Según Tena, el sumario del caso La Rueda ha sido clave para acreditar sin embargo el reparto irregular de 110 millones de euros.
Supuestas ilegalidades
Según el autor y productor musical "de la lectura del sumario se desprenden ilegalidades graves pero no en las que repara la instrucción que también son delictivas (registro de obras falsas)". Se refiere, en concreto, a una conversación suya intervenida por la policía con el actual director general, Luis Felipe Palacios, anterior responsable financiero de la entidad que admitía un descontrol absoluto en los ingresos y el reparto del dinero. "Es una batidora", "en el reparto no cuadra nada" o "es imposible seguir el rastro del dinero", aseguraba el directivo en esa conversación.
Para Rafael de Tena, "es primordial que se identifique urgentemente quienes fueron los beneficiados de dichos repartos extraordinarios ya que en caso de haber sido los editores de repertorio internacional quienes supuestamente se ocuparon de la identificación y si la asignación de las cantidades no cumplió con los mínimos requisitos legales deberán devolver el dinero que supuestamente se autoasignaron". Según el compositor, en la demanda que se va a presentar se incluye también "el delito de administración desleal del director general Luis Felipe Palacios".
