La excúpula de UGT Andalucía tendrá que sentarse en el banquillo por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados 40,7 millones -dinero proveniente de ayudas de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía- entre 2009 y 2013.