La excúpula de UGT Andalucía tendrá que sentarse en el banquillo por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados 40,7 millones -dinero proveniente de ayudas de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía- entre 2009 y 2013.
De esta forma, el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha ordenado la apertura de juicio oral contra el exsecretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical y 10 empresarios.
Los cuatro miembros anteriores del sindicato son el ex secretario general de Administración de UGT Andalucía Federico Fresneda, la ex secretaria de Gestión Económica María Charpín, la ex responsable del departamento de Compras, Dolores Sánchez y el consejero delegado de Soralpe, Enrique Goicoechea. La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años de cárcel y una multa de 50 millones de euros para el ex secretario general de UGT y estas cuatro personas.
La decisión del juez de Instrucción Juan Jesús García Vélez, surge después de que el pasado mes de diciembre, el juez acordase continuar la causa contra estas personas, acordando de otro lado el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto al exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su "situación de incapacidad sobrevenida", así como con relación a otras siete personas. Dentro de la entidad sindical Manuel Pastrana desempeñó la secretaría general hasta mayo de 2013. A partir de mayo de dicho año asumió el cargo Francisco Fernández Sevilla, hasta el 3 de diciembre del mismo año, habiendo desempeñado antes las funciones de Vicesecretario de Organización.
Tras la apertura del juicio oral, la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha señalado que su organización "no ha sido condenada ni penal ni civilmente", recordando que el caso están en fase de instrucción. En este sentido, ha deseado que la justicia sea más rápida para las personas que "están llevando un calvario" desde hace seis años. Así lo ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa telemática organizada junto a CCOO-A para abordar sus reivindicaciones por el Día del Trabajador.
Desvíos de dinero
En aquel auto de fecha 3 de diciembre, recogido por Europa Press, el juez relataba que entre 2009 y 2013, mediaron "procedimientos concertados entre los responsables de UGT-Andalucía y determinados proveedores, a fin de que de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias", incurriendo en ello en "la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido", que eran "la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado".
"En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato", explicaba el juez instructor.
A partir de ahí, en este nuevo auto el juez instructor abre juicio oral contra los citados investigados y por la "relación existente" entre los miembros de la antigua cúpula de UGT-A con la organización sindical, señala "la presunta responsabilidad civil subsidiaria" de UGT Andalucía, por lo que procede "requerir a dicha entidad para que preste fianza a fin de asegurar la responsabilidad civil que pueda derivarse de la causa".
En cuanto al desvío de dinero se hacía supuestamente mediante tres métodos. El rappel, por el que el sindicato se beneficiaba de los descuentos que los proveedores hacían en las facturas, deducciones que no declaraban a la Administración. El segundo era el bote, que permitía a UGT financiarse con cargo a un saldo acreedor generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas. Y el tercer método consistía en ceder locales del sindicato a una sociedad mercantil de UGT, Soralpe, que alquilaba las aulas empleadas para la formación sin generar un gasto.
Fianzas millonarias
En su auto, el juez impone una fianza de 40,7 millones de euros a Fernández Sevilla y los restantes exresponsables de UGT-A, de manera "conjunta y solidaria", imponiendo al resto de investigados fianzas que oscilan entre 638 euros y más de un millón de euros. Además, requiere a UGT-A para que, para el supuesto de que Fernández Sevilla y los demás investigados relacionados con el sindicato no prestasen la fianza exigida, "preste en igual plazo de un día la fianza" de 40.750.047 euros solicitada a los mismos.
A continuación, el juez instructor también ha requerido a las empresas Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar D.M., Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte y Carpetas Abadía las fianzas asociadas a las personas investigadas con relación a tales entidades, "para el caso de que los acusados no presten la fianza exigida". En todos los casos descritos, media aviso de embargo si no fuesen satisfechas las fianzas establecidas.
Finalmente, el juez instructor ha citado a los 15 procesados en el juzgado de instrucción entre los próximos 15 y 17 de junio para comparecer ante el magistrado, si bien dicha decisión fue antes de la implantación del estado de alarma con su consecuente impacto en el ámbito judicial.
