Ante el rechazo de la CEOE y la industria financiera, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha suavizado las exigencias que pretendía imponer a la gestión de los fondos de empleo de promoción pública. Así, la presión de las gestoras consigue que se retire el tope del 0,3% a la comisión, un margen demasiado estrecho para resultar rentable a las entidades.
