Ante el rechazo de la CEOE y la industria financiera, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha suavizado las exigencias que pretendía imponer a la gestión de los fondos de empleo de promoción pública. Así, la presión de las gestoras consigue que se retire el tope del 0,3% a la comisión, un margen demasiado estrecho para resultar rentable a las entidades.
Aunque el Gobierno no renuncia a fijar un nuevo límite, que establecerá en un reglamento que se aprobará después de la ley, al menos la industria financiera consigue que se abra la puerta a unos cobros de mayor cuantía. Este cambio ayudará a que las gestoras más eficientes tengan un mayor margen para elevar sus comisiones y les resulte así más atractivo participar en la plataforma del Gobierno.
