Editorial
El juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid acordó ayer liquidar las sociedades, pertenecientes a OHL, que explotan el tramo de peaje que une la capital con el aeropuerto de Barajas. Con esta decisión, se ve aún en mayor riesgo el plan de rescate que Fomento presentó, en 2014, para salvar las nueve autopistas que están al borde de la quiebra. No en vano el mismo juzgado ya abrió anteriormente la fase de liquidación para otra de ellas, la AP-36 Ocaña-La Roda. Empieza así a presentarse el escenario que el Ministerio quería evitar a toda costa: el cierre de las sociedades supone activar la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA); en otras palabras, el Estado se verá obligado a indemnizar a las concesionarias, una vez que se ha demostrado el fracaso de las infraestructuras.