“El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”. También podríamos haber titulado así esta tribuna, cuyo humilde propósito es llamar la atención sobre un hábito muy peligroso para la economía de todos los países que formamos el Bloque de los 27: la hiperregulación como “solución”. Una “catarata” normativa que, a pesar de su loable propósito, daña enormemente la sostenibilidad de nuestro tejido productivo debido a la constante inseguridad jurídica que provoca.

El diario The New York Times ha colocado a Cartagena (Murcia) en el mapa mundial por obra y gracia de los combustibles renovables. Uno de sus periodistas, Stanley Reed, se adentró en las entrañas de la planta de biocombustibles de esta ciudad portuaria para dar forma a un reportaje que publicó en agosto. En este complejo industrial se utilizan aceites y grasas usadas, principalmente, así como residuos sólidos urbanos, agrarios y forestales, minoritariamente, para transformarlos en combustibles con los que, al ser quemados en motores de combustión normales, se consigue reducir las emisiones de carbono una media del 82%, pudiendo alcanzar hasta el 100%. Alternativas vegetales a los combustibles tradicionales que representan una opción realista, práctica, inmediata y relativamente económica para reducir las emisiones del transporte por carretera, marítimo y aéreo.

Al albur de las protestas de los agricultores, el debate sobre la conveniencia del intervencionismo regulatorio en las transacciones comerciales privadas se ha reavivado, con las próximas elecciones al Parlamento Europeo como telón de fondo. El denominador común parece ser tanto el hartazgo por las crecientes cargas burocráticas intervencionistas impuestas desde Bruselas como el miedo a que la competencia exterior se vea libre de dichas imposiciones y disfrute de ventajas “desleales”. El campo demanda, entre otras reivindicaciones, poner fin a los acuerdos de libre comercio con terceros países y, paradójicamente, que la UE lleve al máximo su intromisión fijando precios de intervención y mínimos para todos los productos.

El transporte es estratégico para el desarrollo global de la economía. No lo decimos nosotros; sino las Naciones Unidas, cuya Asamblea General adoptó en mayo una resolución para designar el 26 de noviembre como Día Mundial del Transporte Sostenible. Una fecha que sirve para poner en valor un sector sin el cual la actividad económica y social no sería posible tal y como la entendemos hoy día ya que es imprescindible para garantizar el flujo continuo de mercancías y el libre desplazamiento de los ciudadanos. Un reconocimiento que me gustaría extender a todos los profesionales del transporte, que a los mandos de sus aviones, barcos, trenes, camiones o autocares consiguen que este Día, junto con los otros 364 del año, todo funcione. Porque ellos son los pilares invisibles que sostienen la estructura misma de la sociedad moderna. Su incansable labor, muchas veces desapercibida a ojos de la sociedad, no sólo impulsa la economía global, sino que también moldea la forma en que vivimos.