Los fiscales deberán vigilar el cumplimiento efectivo de la obligación del juez de revisar cada tres meses el internamiento de un menor en un centro de protección específico. Un trámite que debe contar con los informes de la entidad pública a cargo de la cual está el menor, del director del centro correspondiente y del Ministerio Fiscal. Y, además, deberá darse audiencia al afectado.