Zaragoza
La sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de Actos Jurídicos y Documentados tendrá un impacto de 90 millones de euros. Alrededor de 30.000 expedientes se verían afectados, aunque la cifra podría ser mayor en el caso de que las reclamaciones se abran a hipotecas firmadas más allá de los últimos cuatro años. Además, empresarios y autónomos también tendrían la posibilidad de reclamar el importe abonado. Y, aunque de momento el Supremo ha anunciado la paralización y revisión de la sentencia, las asociaciones de consumidores y despachos de abogados siguen recibiendo más consultas y reclamaciones por parte de los usuarios.
Cerca de 30.000 expedientes tramitados en los últimos cuatro años y un monto económico de alrededor de 90 millones de euros. Son las primeras estimaciones sobre la afección y el impacto que puede tener en Aragón la sentencia del Supremo sobre las hipotecas y en relación al impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que han sido facilitados por el Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón.
No obstante, las cifras podrían ser mayores en el caso de que las reclamaciones de este impuesto se puedan realizar más allá de esos cuatro años. De hecho, se estima que se podrían alcanzar las 240.000 hipotecas en toda la comunidad aragonesa, según los datos facilitados por Adicae a elEconomista.es
De esta cifra, alrededor de 100.000 podrían corresponder a hipotecas relacionadas con empresas, autónomos y actividades profesionales. En el caso de que, finalmente, solo se pueda reclamar el impuesto en las hipotecas de los últimos cuatro años, esta cifra se situaría en cerca de 9.000 vinculadas a las actividades empresariales y profesionales, según estimaciones a partir de datos del INE.
Son de momento estimaciones a falta de que se conozca qué va a suceder en realidad con la sentencia del Tribunal Supremo, que ha comunicado hoy que esta sentencia -aunque es firme- se paraliza y se va a revisar.
Sin embargo, este anuncio no ha frenado a los consumidores, quienes ya se han dirigido a asociaciones de consumidores y despachos de abogados con el fin de informarse sobre la posibilidad de reclamar el importe que abonaron al suscribir su hipoteca en concepto de Actos Jurídicos Documentados, estimándose una media de alrededor de 2.500 euros por hipoteca.
Desde el despacho Cros Abogados, el letrado Alberto Sanjuán, ha explicado a elEconomista.es que se están recibiendo muchas consultas y se prevé "que se produzca una avalancha" tanto para utilizar la vía judicial como la extrajudicial. Tan solo en este despacho tienen más de 500 casos pendientes de resolución.
También desde ADICAE se ha movido ficha y han anunciado que van a seguir adelante con sus actuaciones como las 60 demandas colectivas contra 60 entidades que comenzaron a preparar ya hace algunos meses y que se iban a presentar justo la próxima semana. "Ahora vamos a esperar para poder incorporar a más personas", han indicado a elEconomista.es
De momento, en estas 60 demandas colectivas, hay una importante participación aragonesa, ya que se superan las más de 4.500 personas. Según datos provisionales, en Zaragoza hay 3.793 personas que han decidido sumarse a estas demandas colectivas, mientras que en Huesca son 418 personas y, en Teruel, la cifra se eleva a 364.
La asociación también va a realizar algunos actos informativos, que tendrán lugar ya este sábado en Zaragoza, en el paseo de la Independencia, y que incluyen performance y representaciones teatrales, además de reuniones informativas.
También el lunes se celebrarán asambleas informativas para explicar el alcance de la sentencia y de las actividades colectivas. Además, en el caso de Zaragoza, inicialmente se mantiene una reunión informativa sobre cláusulas abusivas para el jueves, día 25 de octubre, a las 18.00 horas en la sed de la asociación.
Analizar el problema
La necesidad de aclarar la situación que se abre con la sentencia del Supremo, el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha remitido a última hora de esta mañana una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que le solicita estudiar en profundidad el problema que plantea la sentencia número 1505/20 del tribunal Supremo, de 16 de octubre, por la que se declara nulo parte del artículo 68 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de Actos Jurídicos y Documentados.
Desde el Gobierno de Aragón, han indicado que en la misiva remitida al Ministerio de Hacienda, el responsable de las finanzas autonómicas ha instado a "buscar una solución consensuada, a la vez que rápida, por parte de todas las comunidades autónomas".
En este sentido, el consejero de Hacienda también ha transmitido su deseo a Montero de que las personas responsables de las áreas tributarias de las comunidades autónomas y el Ministerio mantengan una reunión de carácter técnico para analizar la sentencia citada para, con posterioridad y en su caso, llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera una solución conjunta al complejo problema que la sentencia plantea, siendo necesario que se planteen "medidas y articular un mecanismo ágil y razonable para dar solución a los ciudadanos".
En el caso de Aragón, aunque inicialmente el impacto económico se cifra en 90 millones, el consejero ha considerado que el efecto para las autonomías "será neutro al final".
