El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha abogado en Zaragoza por una fiscalidad que sea igual en todo el territorio español, además de incidir en la necesidad de realizar una reforma para establecer una presión fiscal más baja y en la que se eliminen en todo el país impuestos como el de sucesiones y patrimonio.
Santiago Abascal, quien ha visitado Zaragoza para dar la conferencia "La España por venir", se ha mostrado partidario de que todos los españoles paguen los mismos impuestos. "La fiscalidad tiene que ser la misma en toda España", ha afirmado en declaraciones a elEconomista.es
Abascal ha rechazado cualquier concierto con comunidades autónomas y se ha mostrado partidario de una reforma fiscal para que los "impuestos sean los justos, los mínimos, para que a los españoles no se les arrebate el fruto de su trabajo".
Una reforma que pasa por una menor presión fiscal, que incluiría una rebaja del IRPF y del IVA, además de por la eliminación de impuestos como el de sucesiones y patrimonio en toda España. "Estamos convencidos de que esta rebaja fiscal llevaría a una mayor recaudación", además de generar otros efectos positivos en la economía española.
"Con nuestra rebaja fiscal del IRPF, un mileurista podría cobrar unos 300 euros más al mes", lo que permitiría que esta persona consumiera más y se generase empleo y más contrataciones.
Durante su intervención, Santiago Abascal también se ha mostrado a favor de la "demolición de las autonomías" para avanzar hacia un modelo de Estado en el que se reduzcan instituciones y haya un único parlamento y un poder judicial de ámbito nacional y en el que las autonomías no tengan competencias para "atraer empresas, personas o herencias".
En materia laboral, Santiago Abascal ha manifestado que "en las relaciones laborales, hay que estar con la parte más débil. En la relación con una multinacional, puede ser el empleado, pero con las pymes y autónomos pueden ser ellos mismos. La legislación tiene que estar con ellos".
Son algunas reformas que el presidente de Vox plantea de forma "paulatina", proceso que, mientras se lleva a cabo, iría acompañado de una recuperación progresiva de competencias por parte del Estado en áreas como seguridad o educación, entre otras, al igual que en sanidad en la que el gasto se ha aumentado con la transferencia a las autonomías. "Desde el primer año de transferencia, la sanidad cuesta el doble de lo que costaba con el Estado. Las comunidades gestionan mal y se desentienden del Estado".
En su discurso, también ha aludido a las ayudas sociales, que no deben concederse a la inmigración ilegal, planteando además un control de la inmigración en función de las necesidades de la economía nacional y de la capacidad de integración de los inmigrantes. "No hay que permitir la inmigración ilegal. Un país tiene que controlar la inmigración según su situación económica. Ahora con el paro en España, no se necesitan más".
