Los trabajadores de la central térmica de Andorra se han sumado a la concentración convocada en Madrid por la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA) con el fin de pedir que se mantenga abierta más allá del año 2020, lo que consideran viable por su rentabilidad y la normativa europea que permitiría quemar carbón hasta 2025.
Cerca de 4.000 puestos de trabajo entre directos, indirectos o inducidos podrían perderse con el cierre de la central térmica de Andorra. Un escenario que el sindicato UGT Aragón no contempla en la actualidad -a pesar del anunciado cierre de la central térmica de Andorra, así como las de Asturias y Castilla y León-, porque se está luchando por que se mantengan abiertas para lo que están llevando a cabo una serie de medidas como la concentración que ha tenido hoy en lugar en Madrid.
Un acto que ha sido convocado por la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA) y a lo que se ha sumado UGT FICA Aragón, además de contar con la participación de los trabajadores de las centrales térmicas.
Esta concentración ha concluido con un encuentro con el Ministro de Energía, Álvaro Nadal, a quien le han pedido que no se deje "intimidar por las eléctricas" y le han trasmitido la inquietud existente en estas zonas y entre los trabajadores, además de explicarle que el cierre de estas centrales térmicas es "una barbaridad", al igual que el hecho de que "se abandone la producción de energía térmica por carbón porque hay margen para que sigan abiertas", según ha explicado José Juan Arcéiz, secretario general de UGT FICA Aragón, a elEconomista.es
"Todas las centrales son rentables", ha afirmado el secretario general, quien ha incidido en que ante esta rentabilidad no hay motivo par discutir su viabilidad. Además, la continuidad también puede estar garantizada por la normativa europea, ya que la Unión Europea va a permitir emitir por encima de los 550 gramos de CO2, al menos hasta el 2025, horizonte que podría ser prorrogable hasta 2030, "por lo que disponemos de doce años para usar las centrales térmicas".
Unos argumentos que han sido expuestos al ministro de Energía a quien también le han solicitado en el mix energético un porcentaje para la térmica con carbón autóctono, que el sindicato propone que sea del 7,5%. Aparte, han demandado un pacto por la energía "en el que se defina cuál es la energía que se consume en España y dónde se producirá" porque solo las renovables cumplen con el requisito de emisiones por debajo de los 550 gramos de CO2. "Hay que ir avanzando en las renovables, pero tiene que haber una energía base, de térmica o nuclear, porque sin aire o sol las empresas también necesitan funcionar".
"Si el gobierno actúa así, Enel y el resto de las compañías no tienen excusa para no hacer las inversiones porque tienen la normativa que permite emitir más de 500 gramos de CO2 a la atmósfera hasta 2030 y se asegura la compra del producto" con su uso, garantizando así la continuidad.
Los sindicatos han denunciado las actuaciones en las centrales térmicas como es el caso de Andorra en la que "es una vergüenza lo que hace Enel. El Gobierno de Italia tiene un porcentaje importante y los beneficios de Andorra se destinan a pagar carreteras en Italia, pensiones u otras cosas, pero son beneficios de España".
Para defender que estas centrales térmicas sigan abiertas -que además queman carbón autóctono y no habría que importarlo-, desde el sindicato UGT se van a llevar a cabo más acciones. Entre ellas, se encuentra una ronda de encuentros con los grupos políticos presentes en el Parlamento Europeo para que apoyen la normativa de que se puedan quemar los 550 gramos de CO2 hasta 2025 como mínimo porque "las emisiones no van a parar por el cese de actividad en las térmicas. Las compañías las harán en otros países o las llevarán al mercado de emisiones y se harán en otros sitios".
Unos encuentros que también se van a llevar a cabo con los Gobiernos autonómicos de las autonomías afectadas con el fin de que trasladen a sus partidos políticos esta demanda y se vote en el Parlamento Europeo a favor de esta normativa. De esta manera, se pretende acudir con "una voz única porque está en juego el futuro de muchas familias".
Los sindicatos con estas medidas y propuestas pretenden ganar tiempo porque el carbón puede ser una fuente energética a extinguir, pero "se necesita tiempo, hay que ir despacio y hacer un plan de industrialización", que no se puede hacer en dos años, pero para el que sí habría margen en un plazo de diez años. "Esto sería compatible con tener unas cuencas mineras industrializadas y un planeta verde", ha añadido José Juan Arcéiz.
