Zaragoza
La organización empresarial explica que la medida supondría una doble imposición con fuerte impacto sobre los ciudadanos y el sector del transporte.
CEOE Aragón ha mostrado su rechazo a la implantación del cobro por uso de las carreteras que ha incluido el Gobierno de España en las medidas remitidas a Bruselas en su Plan de Recuperación y Transformación.
La organización explica que, al margen de su importe que no se ha concretado, este pago supondría cobrar dos veces a los ciudadanos y las empresas por infraestructuras que ya han costeado a través de sus impuestos, tanto en su construcción como en su mantenimiento en el caso de autovías y otras carreteras de doble vía para las que se plantea.
Desde CEOE Aragón también inciden en que esta medida -sobre la que apuntan que forma parte del cúmulo de amagos del Gobierno para lograr mayores ingresos-, carga nuevamente sobre empresas y ciudadanos un coste que ya soportan tanto a través de impuestos directos, sobre los vehículos y sus emisiones.
La puesta en práctica de esta medida, planteada para entrar en vigor en 2024, tendría un importante impacto en Aragón por ser una autonomía muy extensa, con distancias considerables entre municipios. Además, es un nodo de articulación de comunicaciones y del propio sector del transporte y la logística.
De este modo, la organización empresarial señala que las empresas de transporte y logística serían, de hecho, las grandes paganas de medidas de este tipo, encareciendo notablemente sus costes. Así mismo, repercutiría en la exportación aragonesa. En la actualidad, el 90% del transporte de mercancías se realiza por carretera.
A modo orientativo porque no se ha fijado el importe, con un coste de cuatro céntimos por kilómetro, este cobro por uso supondría que el viaje entre Zaragoza y Madrid o Barcelona costaría en torno a 12,50 euros, solo por este concepto. Unos pocos céntimos menos costarían los trayectos a Valencia o Bilbao. Aún en el caso de tarifas "reducidas" para los transportistas, estos costes se multiplicarían por miles.
La organización también critica que este anuncio de nuevas cargas se realiza, además, en medio de una grave crisis que también está afectando a este sector, que es una apuesta estratégica de Aragón, y que representa el 5,5% del PIB y el 4% del empleo autonómico.
En Aragón, este cobro afectaría, además, a infraestructuras largamente reivindicadas y aún no finalizadas como los desdoblamientos de la N-232 o la A-22. Igualmente,
gravaría a la AP-2 cuya liberalización está prevista para septiembre. Autopistas y autovías suman cerca de 800 kilómetros en la Comunidad aragonesa.
CEOE Aragón ha calificado de "demagógico" hablar de pago por uso en estas infraestructuras públicas para no cargar a los ciudadanos que no las utilizan. Este tipo de argumentos podría llevarse a cualquier otro servicio o infraestructura pública, en contra de la esencia misma del sector público y el estado del bienestar.
