Zaragoza
Ayudas directas a fondo perdido, moratoria en los alquileres, aplicación de fondos europeos, un plan estratégico de la gastronomía, rebaja de la presión fiscal o medidas para incentivar la demanda local son algunas de las medidas que el sector de la hostelería necesita tras nueve meses de afección de la pandemia de la COVID-19.
Estas son algunas de las medidas que se han recogido en un documento conjunto, que la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia y la Asociación de Restaurantes de Zaragoza-Horeca Restaurantes Zaragoza ha entregado en la Delegación del Gobierno de Zaragoza para hacerlo llegar al Gobierno y que el sector pueda disponer de un plan con medidas reales para que las empresas -muchas son pymes y micropymes- puedan mantenerse, al igual que los empleos en este sector en el que ya se han destruido 3.600 puestos de trabajo de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo relativos a la afiliación.
El documento conjunto comprende una serie de medidas, principalmente de adopción nacional, aunque también se apela a la coordinación entre las administraciones para que se pongan en marcha medidas reales para este sector que, en primer lugar, quiere trabajar y mantener su actividad respetando las normas sanitarias. "No pedimos limosna", ha afirmado Luis Femia, gerente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, a elEconomista
Entre las medidas planteadas, el sector aboga por ayudas directas por valor de 8.500 millones de euros para toda España para mantener las empresas y el empleo, siguiendo la línea que se ha adoptado en otros países con ayudas directas y a fondo perdido como Francia, que ha lanzado un plan de rescate con 18.000 millones de euros, o Alemania con 25.000 millones. Una línea que también han seguido algunas comunidades autónomas españolas como Murcia con 37 millones de euros en ayudas directas o Castilla y León con más de 20 millones de euros. Además, España ha dedicado hasta el momento 4.262 millones de los 130.000 millones de euros que han invertido los países europeos para rescatar la actividad hostelera y turística, lo que supone el 3,8% del total.
El documento también recoge la aplicación de fondos europeos para el mantenimiento de las empresas y autónomos durante los períodos de estado de alarma y el diseño de un Plan Estratégico de la Gastronomía de España para orientar la aplicación de fondos.
Otras medidas contemplan la puesta en marcha de un plan de formación específico para la mejora de la gestión económica y profesionalización del sector; la moratoria automática durante el estado de alarma o la declaración de pandemia y la modificación de la regulación de alquileres y el establecimiento de una moratoria. En esta línea, igualmente, se demandan ayudas a propietarios de locales dedicados a la hostelería y turismo que hayan aplicado exoneraciones en el alquiler.
La derogación de la cláusula de los ERTEs en relación a mantener el empleo en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad, la creación de una oficina técnica para tramitar las incidencias en los expedientes y medidas fiscales son otros ejes de acción. Precisamente, dentro de estas últimas, se consideran necesarias la bajada del IVA al 5% y una rebaja en la presión fiscal en tributos como el IBI, IAE, basura, agua o veladores, entre otras.
El documento aúna más medidas como la constitución de una mesa de trabajo interconsejerías, la aprobación de protocolos para banquetes y medidas para incentivar la demanda local ante la caída del consumo y las ayudas para digitalización para minimizar el contacto físico con superficies y mejorar los sistemas de gestión.
Son las principales medidas de un extenso documento con el que se quiere revitalizar a este sector y paliar los efectos de la COVID-19 tras casi nueve meses de pandemia en el que la afección en la hostelería ha sido asimétrica, ya que el sector del ocio nocturno no ha podido reanudar su actividad y, en otros casos, se ven afectados por un "cierre técnico" por las limitaciones adoptadas para frenar la pandemia y no disponer en los establecimientos de terrazas o veladores suficientes para operar.
"El sentimiento colectivo en el sector es de preocupación y tenemos la sensación de abandono porque el Gobierno de Aragón presentó un plan de rescate de 15 millones de euros que, en realidad, es de cinco millones en ayudas directas", ha manifestado Luis Femia, gerente de la Asociación Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia.
Los diez millones restantes son para avales y créditos, "que ni los necesitamos ni pedimos como sector porque la situación es compleja y no se da más de sí", siendo imposible recurrir al endeudamiento en un sector con limitaciones para operar y con ingresos cero en algunos casos o tras haber acudido ya previamente a las líneas ICO. Además, hay que tener en cuenta que el sector está formado por pymes y micropymes, principalmente, que tienen una capacidad de resistencia mermada.
Desde el Gobierno de Aragón también se puso en marcha un plan, en el marco de la ley de turismo de Aragón, con diez millones de euros (seis en ayudas directas). En total, serían 11 millones en ayudas directas, pero los destinatarios de ambas convocatorias son distintos. Una cantidad, además, que las organizaciones sectoriales consideran insuficiente en relación al presupuesto global de Aragón.
Un sector económico clave
Sin las medidas propuestas en el documento, el sector se ve inmerso en una situación todavía más compleja en el que la continuidad se hace más difícil todavía. A mediados de octubre, un sondeo del sector ponía de manifiesto que alrededor del 30% de los establecimientos consideraba que se vería abocado a un cierre definitivo sin un plan de rescate. Un porcentaje que, hoy en día, podría llegar al 50% ó 60% con las nuevas limitaciones a la actividad, según apuntan desde las organizaciones sectoriales.
El sector de la hostelería supone el 8% del PIB en la comunidad aragonesa. En la provincia de Zaragoza, hay más de 5.000 empresas dedicadas a la hostelería, que aportan 2.921 millones de euros anuales y suman unos 20.000 puestos de trabajo. Los últimos datos del mes de octubre del Ministerio de Trabajo, referentes a afiliación, muestran una destrucción de alrededor de 3.600 empleos.
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