Zaragoza
El presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel, y el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza José María Gimeno Feliu, han presentado este viernes, 6 de noviembre, una propuesta de solución normativa a la 'okupación' ilegal de inmuebles y el informe jurídico que la avala.
"No es objeto de esta presentación el debate sobre la exclusión social al que las administraciones públicas tienen que dar respuesta. Desde aquí estamos hablando de la defensa de la garantía de la propiedad", ha aclarado el presidente de la Cámara de Comercio, Manuel Teruel.
Teruel ha resaltado la importancia que tiene la defensa de la propiedad privada de cara a que las compañías extranjeras inviertan en España: "Las Cámaras de Comercio somos las encargadas de vender la 'marca España' en el exterior y cuando las empresas nos preguntan cómo invertir en nuestro país, la primera pregunta es cuál es la garantía de la propiedad privada y después se analiza la defensa jurídica".
El presidente de la Cámara ha explicado que desde el entorno empresarial han manifestado a la institución su "preocupación" por este "tema tan sensible", que se ha visto incrementada por el confinamiento cuando locales, naves y propiedades particulares se han quedado vacíos.
Por ello, la iniciativa se enmarca en el ejercicio activo de la función consultiva de la Cámara de Comercio, orientada a elevar propuestas de interés económico y social a los estamentos correspondientes.
Respuesta rápida
La propuesta, elaborada por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza José María Gimeno Feliu, parte de la base de que la cuestión de la 'okupación' de viviendas y de inmuebles es un "claro" ejemplo de distorsión jurídica en la aplicación de la solución. "Más allá del debate ideológico sobre el alcance del derecho a la vivienda, se trata de dar respuesta jurídica al problema analizando también la conveniencia de ajustes normativos", ha indicado.
Así, se trata de un procedimiento administrativo impulsado por un notario, en su condición de funcionario público y que puede convertirse en una herramienta "rápida", "eficaz" y "con pleno rigor jurídico" en el supuesto de ocupaciones de inmuebles.
Por ello, constituiría una solución complementaria a las que en la actualidad ofrece la ley, tanto por la vía civil como la penal, diseñada para ofrecer protección inmediata a la propiedad ante los casos de manifiesta 'okupación' ilegal.
Según su informe, el marco normativo actual resulta "insuficiente" para resolver esta cuestión, ni desde el orden penal ni desde el civil. De ahí que la propuesta añada una solución complementaria basada en la actuación de un profesional especializado en las cuestiones de propiedad y de posesión, con "indudables notas de imparcialidad y confianza social", como es el notario.
Conflictos de propiedad
El control preventivo del cumplimiento de la legalidad a través de esta figura, en colaboración con los Registradores de la Propiedad, "se convierte en la más eficaz defensa en los eventuales conflictos entre propiedad y posesión del inmueble", ha resaltado Feliu.
Además, la presencia de un funcionario público con "alta preparación técnica" garantiza la corrección de la decisión, evitando la excesiva judicialización del proceso y reduciendo su litigiosidad.
Para poder implantar esta solución es necesario desarrollar una normativa --ley o real decreto ley de ámbito estatal-- que habilite un procedimiento administrativo para permitir la "rápida" intervención del notario, así como su respuesta ante el conflicto.
Por ello, Manuel Teruel ha manifestado que desde la Cámara de Comercio de Zaragoza han trasladado este informe, junto con una propuesta de articulado de la ley, a Cámara de España, a los diferentes partidos políticos y a las administraciones.
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