Zaragoza
Nueve de cada diez contratos que se firmaron en la comunidad aragonesa en el año 2019 son temporales. Además, ha bajado su duración media, según alerta CCOO Aragón.
La temporalidad es la principal característica que define el mercado de trabajo en Aragón en el año 2019. Un ejercicio en el que el 91,5% de los contratos firmados son temporales.
Además, la duración media ha bajado a mínimos históricos. "Se firman muchos contratos de corta duración que apenas crean empleo. El 38% de los nuevos contratos tienen una duración inferior a un mes", según ha explicado Juan Carlos Cantín, secretario de empleo de CCOO Aragón.
Los datos aportados por el sindicado reflejan que el mercado de trabajo ha ido empeorando y se desacelera desde mediados de este año. "Vemos como, de forma muy suave cae, el empleo y sube el paro. Analizando la evolución interanual se observa cómo se moderan tanto la creación de ocupaciones como la bajada del desempleo", ha añadido.
Además, en 2019, también se ha producido un descenso del volumen acumulado de contratos indefinidos firmados. En concreto, a finales de 2018 solo se mantenían el 63% de los contratos firmados a principios de ese año y el 50% de los suscritos en 2017.
Estos datos ponen de manifiesto que la rotación y la precariedad no son exclusivas de la contratación temporal, lo que también puede tener relación con la reforma laboral de 2012 "que ha precarizado, también, la contratación indefinida y cada vez sirve menos para acceder a un empleo estable", añaden desde el sindicato desde el que inciden a su vez que las cifras se han resentido por la supresión de los contratos de fomento.
Más mujeres sin empleo
El año 2019 también se va a cerrar en Aragón con más mujeres desempleadas: seis de cada diez personas en paro son mujeres. Una situación que preocupa a la organización sindical por el aumento de la brecha de género en lo que se refiere a la protección por desempleo.
Para CCOO las políticas activas de empleo deben priorizar el empleo en el colectivo de mujeres, jóvenes y mayores de 52 años como grupos más vulnerables que tienen, además, un serio riesgo de exclusión social, cada vez más evidente, entre otras medidas como la modificación de los artículos 15 y 42 del Estatuto de los Trabajadores, fortalecer la negociación colectiva y la mejora sostenida de salarios (como el propio SMI) y las pensiones.
Son acciones que deben ir acompañadas de una reforma fiscal progresiva que permita recuperar la inversión productiva, el consumo y mejorar los niveles de protección social.
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