La salida del Reino Unido de la UE marca especialmente el presupuesto para el período 2021-27, lo que puede provocar que Andalucía reciba casi un 16% menos de los 1.400 millones que reciben en estos momentos 250.000 agricultores de la región en ayudas directas.
La filtración a finales del pasado mes de abril del borrador con las propuestas de la Comisión Europea para la nueva PAC, informaba de la presunta previsión de reducir los fondos de esta en un 16 por ciento.
Este recorte en la Política Agraria Común, puesto de manifiesto por la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, ha desatado la indignación del campo andaluz y del Gobierno de Susana Díaz.
Esta cifra supondría una disminución de más del 10 por ciento en ayudas directas -los conocidos como fondos Feaga- y de más del 25 por ciento en ayudas al desarrollo rural -los fondos Feder-, unas ayudas consideradas decisivas para favorecer la actividad económica, posibilitar la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria y fijar la población rural.
La propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para 2021-2027, presentada por Bruselas el pasado día 2 de mayo, eleva su techo de gasto total hasta los 1,13 billones de euros a precios de 2018 y, sin embargo, disminuye la partida correspondiente a la PAC. Esta política sigue perdiendo peso en el presupuesto de la UE, con una reducción de casi la mitad en los últimos 30 años: del 55 por ciento que suponía en 1990 a menos del 30 por ciento a partir de 2021.
Mañana 29 de mayo el Colegio de Comisarios de la Unión Europea tiene previsto aprobar la propuesta de la PAC 2021-2027. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha señalado que "estamos en un momento difícil y delicado" en el que las instituciones europeas "tienen que ser conscientes de la importancia de la PAC para las familias". Ha recordado que gracias a estas subvenciones "los pequeños y medianos agricultores han podido fijar la población al territorio, sacar a sus familia adelante, y las cooperativas han invertido en desarrollo, innovación y creación de empleo".
Además, ha criticado que "están jugando con las cifras", pues al principio se habló de un recorte de entre el 3,5 y el 5 por ciento en el que no se contempló la inflación y después se elevó el recorte hasta el 16 por ciento, y ha recordado que Córdoba, Sevilla y Jaén serán las más "perjudicadas".
La Junta avisa que la Comisión disminuye en 10 puntos porcentuales su aportación en la cofinanciación de gasto público total, trasladando la carga a los estados y regiones, lo que "dificulta la aplicación de esta política en las que tienen menos recursos y profundiza en la idea de una Europa a dos velocidades".
En el caso de Andalucía, la PAC supone una aportación de más de 1.700 millones de euros al año en fondos europeos: más de 1.400 millones en ayudas directas, casi 100 millones en ayudas a organizaciones de productores de frutas y hortalizas y unos 270 millones para desarrollo rural. Para el periodo 2014-2020, la cifra total supera los 12.400 millones, de los que se benefician unas 250.000 personas de un sector que supone alrededor del 8 por ciento del Producto Interior Bruto andaluz y el 10 por ciento del empleo.
Por su parte, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha subrayado el interés del Gobierno por lograr, desde el comienzo de los debates sobre la futura Política Agrícola Común, un frente lo más unido posible, para defender la permanencia de una PAC fuerte, bien adaptada a nuestras necesidades, y suficientemente dotada en el próximo Marco Financiero Plurianual.
La ministra ha afirmado que para el Gobierno la PAC debe seguir siendo una política europea fundamental, con el peso que verdaderamente merece en su presupuesto, una posición que España ha defendido desde el primer momento del debate.
Para lograrlo, se ha planteado la cofinanciación como una línea roja que España no aceptaría, defendiéndose que las ayudas sigan siendo financiadas completamente por el presupuesto comunitario, tratando de evitar que haya una renacionalización que rompería o, por lo menos, perjudicaría al mercado único.
En cuanto a las ayudas directas, la ministra ha afirmado que deberán seguir jugando un papel muy importante en el mantenimiento y en la estabilidad de las rentas de los agricultores, y ha apostado por el mantenimiento de los pagos vinculados a la producción, ya que desempeñan un papel esencial para el mantenimiento de determinados sectores de nuestra agricultura que, de otro modo, se verían abocados a su desaparición.