El ministerio de Hacienda ha destituido este viernes al que fuera hasta ahora subdirector General de Tributos Locales, Óscar del Amo Galán, por su implicación en el 'caso Montoro'. La trama, que implica hasta una docena de excargos públicos durante el segundo mandato de Cristóbal Montoro -entre 2011 y 2019- bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, busca probar si muchos de los que conformaban el equipo de Hacienda del exministro popular habrían creado una red de influencias para obtener "un lucro económico" a cambio de conseguir hasta dos modificaciones legislativas a favor de las empresas gasísticas englobadas bajo la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).
De acuerdo al auto dictado por el instructor del caso el pasado mes de junio, Óscar del Amo Galán ostentó la subdirección General de Tributos Locales en la fecha de aprobación de las reformas legislativas, que ahora están bajo sospecha, de forma que "habría participado activamente en los hechos investigados". El magistrado le atribuye además al ahora imputado un papel "decisivo" para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran, precisamente, las pretensiones que beneficiaban a las empresas gasísticas tras el análisis de los correos intervenidos en las diligencias.
"Los correos intervenidos revelan que mantuvo contacto y reuniones con los gasistas, en las que les comunica la imposibilidad de atender a sus pretensiones respecto de la modificación de los epígrafes del IAE. Poco después y tras la intervención de Equipo Económico(EE) -la consultora fundada por Montoro y que se sitúa en el eje de la trama por cobrar, presuntamente, 'mordidas' de parte de las mercantiles gasísticas a cambio de influir en las reformas legislativas-, se producen nuevos contactos y reuniones, esta vez, las gasistas sí lograron la reforma legal pretendida", añade el instructor.
Según el magistrado, hay otro bloque de correos electrónicos que revean no solo que Óscar del Amo Galán recibió de las gasistas las redacciones del texto legal a reformar, sino que además contactó telefónicamente con ellas para aclarar dudas sobre dichos textos, lo que permitiría concluir no solo que dicha redacción del texto fue consensuada sino también que seria impuesta por los pagadores del despacho, en abuso grave del ejercicio de su función pública".