El socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxón Alonso, ha negado ante el juez el pago de comisiones a la 'trama Koldo' pero ha reconocido que efectuó un pago a una Fundación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El empresario, que ha comparecido este lunes ante el Tribunal Supremo por su presunta participación en el pago de mordidas a cambio del amaño de contratos públicos, ha asegurado también que el contrato privado de compraventa por el que Cerdán sería el propietario del 45% de Servinabar no tiene ninguna "validez".
Este documento fue interceptado por los agentes en el registro de la vivienda de Antxón Alonso y, según los notarios, al ser firmado de forma privada y no pública es una manera habitual para blanquear posibles capitales y ejecutar una evasión fiscal. El empresario, según fuentes consultadas, ha respaldado la misma versión que efectuó Cerdán en su declaración ante el alto Tribunal. La Fiscalía y las acusaciones populares han solicitado sin embargo la retirada de pasaporte y comparecencias quincenales para Alonso y para Fernando Merino, exdirectivo de Acciona en Navarra, que también comparecía ante el juez este lunes y ha negado asimismo las dádivas a la trama.
Alonso fue además, según aseguró Santos Cerdán en su declaración ante el Supremo, quien le abrió las puertas de EH Bildu y PNV al exsecretario de Organización del PSOE. "En las conversaciones que he tenido tanto con PNV como con EH Bildu él ha sido fundamental. Ha sido las persona que me abrió las puertas para ponerme en contacto. Él ( en referencia a Alonso) era del mismo pueblo que Arnaldo Otegui y me facilitó en su día la interlocución con ellos", aseguró Cerdán.
Su empresa, Servinabar, resultó beneficiaria de una de las adjudicaciones de mayor cuantía económica -de más de 75 millones de euros- en UTE con Acciona para la construcción del túnel de Belate. La mesa de contratación de este acuerdo alertó por aquel entonces de algunas irregularidades que se estarían produciendo.
Las 'mordidas'
Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), "Ábalos, y por extensión Koldo, generaban la deuda con las empresas por presuntas adjudicaciones fraudulentas, y Santos Cerdán se encargaba presuntamente de gestionar el monto y los pagos". Entre las empresas que habrían adquirido supuestamente el compromiso de pagar comisiones a cambio de contratos públicos están precisamente Acciona, Servinabar, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina, Ingeniería y Construcción.
Los agentes aseguraron asimismo que "las contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona percibidas por Ábalos y Koldo y gestionadas por Santos ascenderían a 620.000 euros, si bien a criterio de Koldo aún quedarían 450.000 pendientes de abono". La constructora se desligó sin embargo de estas afirmaciones y abrió una investigación interna, pese a que el Supremo solicitó la documentación relativa a cinco obras de las que sospecha que podrían haber sido manipuladas.
La decisión del magistrado se produce tras la declaración del pasado viernes de otros tres empresarios ligados a la 'trama de comisiones'. En concreto, el empresario José Ruz, dueño de Levantina Ingeniería y Construcción, y los hermanos Antonio y Daniel Fernández, dueños de Obras Públicas y Regadíos (OPR) aseguraron ante el juez que no habían efectuado ningún pago a los miembros de la 'trama Cerdán'.
El instructor acordó la comparecencia quincenal para los tres y la retirada de pasaporte para Ruz tras su declaración. Cabe recordar, que los hermanos Fernández Menéndez son cuñados de Fernando Merino, ex cargo de Acciona Construcción en Navarra que les habría puesto en contacto con Koldo.