Zaragoza
La gigafactoría de baterías que Stellantis y CATL promueven en la localidad de Figueruelas, en Zaragoza, está en el punto de mira por la posibilidad de que alrededor de 2.000 personas procedentes de China lleguen a Aragón para construir estas instalaciones fabriles.
Una llegada de empleados que impacta en los servicios, como la educación y sanidad, pero también en la vivienda. Y, precisamente, en relación a los alojamientos, el director general de Urbanismo del Gobierno de Aragón, Carmelo Bosque, ha indicado durante su comparecencia en las Cortes de Aragón que el Ejecutivo aragonés no aportará recursos para la construcción de estos empleados.
Bosque, a petición del grupo del PSOE, ha incidido en que el Gobierno de Aragón "no tiene comprometido ni un euro para resolver el alojamiento de estos trabajadores". Además, ha incidido en que "es un problema que tiene que solventar el promotor de la obra y, por lo tanto, nuestro trabajo, y creo que estamos en la obligación de cumplirlo, es acompañarles desde el punto de vista técnico, jurídico y administrativo para tener los mayores rendimientos sociales, uno de los cuales podría ser que se recuperen como vivienda convencional, una vez desaparezcan estos trabajadores, para otro perfil de usuario".
Según se ha explicado en las Cortes de Aragón, la demanda básica va a ser de alojamiento para 800 personas dentro de un año. Un motivo por el que se buscando una solución con los ayuntamientos próximos a la localidad de Figueruelas.
De este modo, el objetivo es que las viviendas se reorienten después, cuando termine la construcción de la fábrica, en 2030, para jóvenes de estas localidades y trabajadores de la nueva planta de baterías.
Bosque ha puesto de manifiesto las líneas de trabajo en materia de vivienda. En este sentido, ha explicado que "se está atendiendo a las necesidades de los 47.000 jóvenes aragoneses que justificaron el plan de vivienda que se aprobó en marzo del año pasado".
Además, ha recordado que "en dos o tres semanas empezarán a construirse las primeras 620 viviendas públicas; hay otras 640 ya adjudicadas, está en marcha el procedimiento para otras 1.000 y en municipios de pequeña población se han gestionado subvenciones para otras 185 viviendas".
El director general, durante su intervención en las Cortes de Aragón, también ha indicado que se está trabajando en materia de vivienda con proyectos en las capitales de provincia y pueblos de menos de 3.000 habitantes, con una iniciativa presupuestada en 10 millones de euros para construir más vivienda pública.
Además, el responsable de Urbanismo en Aragón, ha abogado por "seguir redactando planeamientos" para aquellos municipios de menos de 2.000 habitantes con el fin de evitar que siga habiendo municipios de cierto tamaño con esta carencia.
En este sentido, ha recordado que el último programa afecta a 16 municipios y todos están aprobados definitivamente, también a 14 Planes Generales de Ordenación Urbana, actualmente en trámite de aprobación definitiva salvo La Ginebrosa y El Pueyo, proceso que concluirá este año.
En relación con los proyectos estratégicos, en los últimos meses se ha avanzado en Walqa, Microsoft, Grupo Costa, Stellantis-CATL, Iridium, Rodes en Calatorao. Además, se continúa trabajando en una docena de proyectos, pero que no ha desvelado ni ahondado por la condencialidad con las empresas.
Bosque ha realzado el papel de los Planes Generales de Interés General de Aragón (PIGA) que "consumen muchos recursos" en materia de Administración, aunque ha matizado que cumplen un importante papel económico y poblacional.
Urbanismo y prórroga de Presupuestos
Desde el PSOE, el diputado Daniel Alastuey ha aseverado que los objetivos de la Dirección General se basan en el presupuesto prorrogado y ha mostrado su preocupación por el planeamiento municipal ya que hay 125 localidades sin planeamiento, con el objetivo de realizar 20 cada año.
Una situación ante la que ha preguntado sobre "¿cómo ve el panorama? ¿Hemos conseguido avanzar en que los pequeños ayuntamientos tengan instrumentos?, ha cuestionado Alastuey en relación a los planeamientos.
Alastuey ha recomendado ajustar los Planes de Interés General de Aragón (PIGA) para introducir normativa medioambiental, al considerar que "han servido para equilibrar el territorio", como es el caso de las áreas logísticas, aunque ha destacado especialmente la priorización de su función económica por encima del papel de reequilibrio territorial. "Esta Comunidad va a tener que generar mucha vivienda para alojar a los trabajadores para poner en marcha los proyectos" económicos nuevos, como el de CATL, ha añadido.
Desde el PP, la diputada Susana Cobos ha afirmado que la Dirección General "aprueba con nota" la ejecución presupuestaria, aparte de aseverar que Bosque "ha cumplido con lo que dijo" en relación con los planeamientos en pequeños municipios. También ha destacado las inversiones milmillonarias anunciadas por el Gobierno de Aragón afirmando que "el Gobierno claro que piensa en los aragoneses".
Desde Vox, la parlamentaria Carmen Rouco ha señalado que Bosque "no ha presentado ni siquiera el techo de gasto". Además, sobre las viviendas de CATL, ha explicado que conllevan unos costes más elevados que las provisionales por lo que ha preguntado si se va a repartir el desembolso con las autoridades chinas, recalcando que "no ha habido planificación", aparte de incidir en que "estamos esperando las viviendas para los aragoneses".
Por parte de CHA, Isabel Lasobras ha afirmado que "el urbanismo debe ser una herramienta de transformación, no de gestión de inercias, y requiere voluntad política", por lo que ha abogado por "una visión más amplia sobre el modelo territorial o la cohesión del medio rural".
Para el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, "no se ha hecho prácticamente nada de lo que se prometió, como una directriz de ordenación de las renovables: No se ordena desde el ámbito autonómico, pero tampoco se permite a los ayuntamientos que ordenen en el territorio", mientras que desde el Grupo Mixto-PAR, Alberto Izquierdo, ha celebrado que "el Gobierno de Aragón se ocupe de los trabajadores que van a venir", aunque ha incidido en la necesidad de poner "más ahínco" para dotar de vivienda a los 46.000 jóvenes aragoneses que "no se pueden permitir acceder a una vivienda con los precios que hay en el mercado. Tenemos que dinamizar al máximo la política de vivienda".