Los errores administrativos a veces nos borran de la faz de la tierra, literalmente. Es lo que le ha pasado a Isabel, una mujer melillense de 86 años a la que el Registro Civil dio por muerta erróneamente en vez de a su difunto hijo. Sabemos que todo el mundo puede equivocarse, pero a veces puede traer consecuencias legales muy serias, como las que ha tenido que enfrentar esta madre, que vio como la Administración asumió su fallecimiento sin cerciorarse correctamente de ello.
Los hechos ocurrieron en marzo
El pasado mes de marzo Isabel acudió al Registro Civil de Melilla a tramitar la defunción de su hijo, un procedimiento normal y doloroso en estos casos. Pensaba que todo había ido bien hasta que al día siguiente la funeraria encargada del velatorio de su hijo vio que un error de la Administración la dio por muerta a ella en lugar de al verdadero fallecido, provocando que fuera dada de baja de todos los organismos públicos.
Así, se inscribió al difunto como presentador de la declaración y a Isabel como persona fallecida, haciendo que perdiera su pensión, se anulase su DNI y se bloquearan sus cuentas bancarias, dado que ya no existía ni para la Seguridad Social ni para la Policía Nacional.
Según ha explicado otro de sus hijos, Juan José Florensa, esta situación ha provocado "un verdadero calvario administrativo", ya que han sido ellos mismos los que han tenido que gestionar esta situación, un proceso que sumado "al dolor de la pérdida de un familiar", se vuelve especialmente tedioso y desagradable.
Se presenta ante el Defensor del Pueblo
Ahora, Isabel ha llevado su caso ante el Defensor del Pueblo para quejarse de la vulnerabilidad de las personas mayores ante los errores de la Administración Pública, según ha informado EFE. En el documento lamenta que tenga que ser "el propio ciudadano" el responsable de subsanar un error tan grave sin ayuda, no sin ello desmerecer "la amabilidad y diligencia" de todos los funciones que la han atendido en la Seguridad Social, el Ministerio de Justicia, la Agencia Tributaria y la oficina de DNI, entre otros.
Asimismo, también ha presentado una denuncia ante el Ministerio de Justicia en la que solicita que se averigüe lo que realmente ocurrió y se depuren responsabilidades.
"En este caso, mi madre ha tenido la fortuna de verse arropada e informada con hijos con formación, pues si hubiésemos tardado tres días más, para cobrar su pensión se tendría que abrir un contencioso que hubiese tardado meses en resolverse", explicó Florensa ante el Defensor del Pueblo en nombre de su madre.
