Madrid
Los siete diputados con los que Junts per Catalunya cuenta en el Congreso son una piedra de toque en cualquier negociación. En lo que va de legislatura, año y medio pues se puede decir que empezó en noviembre de 2023, el partido de Carles Puigdemont se ha opuesto hasta en ocho ocasiones a apoyar al Gobierno para después cambiar de opinión.
Su estrategia consiste en negarse de entrada a lo que les propone el Gobierno, incluso en votar en contra, ganar tiempo, intentar convencer a su electorado y, al final, apoyar al Ejecutivo para obtener ventajas.
Una de sus últimas acciones en este sentido ha sido su apoyo al aumento del gasto en defensa para llegar al 2% del PIB. Si en un principio manifestaron malestar, éste desapareció al comprometerse el Gobierno a que la inversión revertirá en España y, sobre todo, en Cataluña y "no en Estados Unidos". Con las medidas antiaranceles ha ocurrido algo parecido, ya que han conseguido que el 25% de las ayudas vaya a parar a Cataluña.
Una de las rectificaciones más sonadas ha sido la que atañe a la revalorización de las pensiones en 2025 de acuerdo con el IPC. A mediados de enero, los de Puigdemont votaron en contra del llamado decreto ómnibus donde se incluía dicha revalorización para, solo días después, votar a favor "tras una larga negociación", en palabras del presidente Pedro Sánchez. Así, dieron también salida a los descuentos en el transporte público y a la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos, en definitiva, una medida contra los desahucios. Medidas ambas que habían rechazado al oponerse al decreto ómnibus y que se aprobaron jornadas después junto con la subida de las pensiones.
Asimismo, fue muy importante su abstención para que saliera adelante el Real Decreto-Ley de medidas en materia energética en enero de 2024, en el que se incluía mantener el impuesto a las empresas energéticas. La promesa de retirar el artículo de Ley de Enjuiciamiento Civil que permite a los jueces consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuestiones como la amnistía fue esencial para el cambio de postura. Por el mismo motivo, Junts retiró su amenaza de no apoyar, en esas fechas, el real decreto de transformación digital de la Justicia, que incluye entre otras materias de calado la modernización de la función pública y la Administración local.
A primeros de año, Junts pidió a Pedro Sánchez presentar una moción de confianza en el Congreso y presentó una proposición no de ley. La PNL fue retirada en marzo a instancias del mediador internacional salvadoreño Francisco Galindo, que reúne en Suiza a representantes del PSOE y de los independentistas, "como un último esfuerzo para evitar la ruptura".
Hace escasos días, se produjo otro vuelco. Tras tumbar la senda fiscal que abre la tramitación de los Presupuestos del Estado, Junts se abstuvo, en el Senado, en la votación de una moción del PP que instaba al Gobierno a presentar los de 2025. Contestaron a elEconomista.es que esa ley "no va con nosotros", a pesar de hacer caer los objetivos de estabilidad.
En estos momentos está en el aire su apoyo a la reducción de la jornada laboral, otra reforma retrasada pero ya en camino. El partido independentista está muy presionado por las patronales catalanas, Foment del Treball y Pimec, para que vote en contra. Sin embargo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado que tiene "sus esperanzas en la negociación con Junts".
Mientras tanto, el traspaso de las competencias migratorias a Cataluña puede ser otra moneda de cambio. Lleva meses atascado en el Congreso, aunque el Gobierno lo anunció como un avance para Junts.
Este traspaso, junto con la derivación obligatoria de los menores extranjeros no acompañados desde Canarias y Ceuta, es una baza de Pedro Sánchez para lograr el voto favorable de Junts. Pero no está saliendo como esperaba. Un ejemplo de ello ha sido el rechazo de los independentistas a la Agencia Estatal de Salud Pública, instrumento que se presentó como necesario de cara a futuras pandemias. Las negociaciones iban muy bien, precisamente por las cuestiones migratorias y de los menas, pero a última hora el partido secesionista votó en contra amparándose en que no se tenía en cuenta una enmienda sobre purines.