El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado este viernes que el Gobierno ha retirado el recurso que había presentado contra las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo, que obligaban al Estado a hacerse cargo de más de 1.000 menores migrantes que están bajo tutela de los servicios de protección de Canarias.
Ha añadido que desde el Gobierno central están trabajando con el Gobierno de Canarias para dar cumplimiento a ese auto del Supremo y que, de hecho, este jueves tuvo lugar una reunión entre ambos gobiernos "muy productiva" porque, a consecuencia de la misma, el Gobierno central retiró el recurso que se había interpuesto por la Abogacía del Estado contra el auto de medidas cautelares: "La reunión de ayer del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias es la muestra de que queremos hacerlo con lealtad institucional, como muestra de buena fe negociadora", ha afirmado Bolaños.
El Gobierno había presentado un recurso contra el auto del Tribunal Supremo (TS) que le obliga a acoger a más de mil menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que se encuentran actualmente bajo tutela de los servicios de protección de Canarias, después de la semana pasada el órgano judicial diera un plazo de diez días al Ejecutivo para que garantice el acceso de dichos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.
El recurso, según ha adelantado 'El País' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, la Abogacía del Estado sostiene que la competencia para la acogida de estos menores corresponde a la comunidad autónoma canaria, independientemente de que hayan solicitado protección internacional.
El Tribunal Supremo dictó el pasado 26 de marzo una medida cautelar la acogida de mil menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo o han manifestado su voluntad de hacerlo, en un plazo de diez días improrrogables por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en base la legislación actual —Ley 12/2009, de asilo y protección subsidiaria, y Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo— que establece la obligatoriedad de protección para aquellos solicitantes de asilo.
Los magistrados explicaron que en estos momentos "estos menores no acompañados solicitantes de asilo se encuentran a cargo exclusivamente del sistema de protección de menores de la comunidad autónoma", sin que conste que se haya puesto a disposición de los mismos los recursos, programas y mecanismos propios de este sistema de acogida para los solicitantes de asilo a cargo de la Administración del Estado, "sistema al que estos menores tienen pleno derecho".
"En la actual situación resulta urgente que se garantice el acceso de estos menores no acompañados solicitantes de asilo al sistema estatal de acogida del que no pueden permanecer al margen, por lo que dicho acceso debe acordarse como medida cautelar", resolvió la Sala Tercera, en una resolución de la que fue ponente la magistrada Ángeles Huet.
