La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a dos años y medio de cárcel por un delito de apropiación indebida a un sacerdote de la parroquia de Vejer de la Frontera (Cádiz) al probar que efectuó transferencias desde las cuentas bancarias de la iglesia a las de una mujer con la que convivía, por un importe total de 366.027 euros, según recoge Europa Press.
La sentencia, recogida por Europa Press, da como hechos probados que realizó hasta 235 transferencias bancarias "en connivencia" con otra acusada a lo largo de unos cuatro años, como cooperadora necesaria, que ha sido condenada a seis meses de prisión al concurrir la atenuante de reparación del daño por haber devuelto más de 165.000 euros.
El acusado reconoció haber realizado dichas transferencias, aunque alegó en su defensa que "ante la circunstancia del hallazgo de un menor gravemente enfermo en un orfanato en Guinea Ecuatorial, donde él estaba como misionero, recibió el mandato de traerlo a España para ser tratado, con la finalidad de salvarle la vida, como así hizo, convirtiéndose dicho objetivo en una misión para él que lleva a cabo bajo la supervisión, consentimiento y oportuna autorización del entonces obispo de Cádiz y que pasaba por la adopción del menor". En este sentido, el acusado declaró que el obispo le "autorizó dicha adopción de palabra".
Autorización del obispo
El tribunal señala que "en el mejor de los escenarios" se tendría que "el obispo apoyó moralmente al acusado en su decisión, no siendo el origen de la misma que fuera una imposición o mandato". Por su parte, se considera "obvio" que unos gastos de 366.027 euros "son claramente un acto de administración extraordinaria que requiere autorización escrita del obispo". También señala que "resulta significativo que tras el cambio de ordinario en la Diócesis esta circunstancia no le fuera comentada al nuevo obispo".
Igualmente, la Audiencia considera "realmente inverosímil, ni tan siquiera imaginar que una persona del nivel cultural y de la formación de un sacerdote como el acusado pueda llegar a pensar que el proceso de acogimiento primero y después de adopción de un menor en España pueda conllevar unos gastos como los que, de una manera cuantiosa y compulsiva, representan las trasferencias bancarias realizadas a la otra acusada, que es la persona a la que señala como la que se encargó de dichos trámites y le iba solicitando las cantidades que le enviaba".
Una supuesta extorsión
El acusado, durante el juicio, confesó la existencia de una supuesta extorsión, contando que "alguien le amenaza con secuestrar al menor y llevárselo de vuelta a Guinea, o con matarlo, así como a su madre, la abuela del niño, etc.", lo que supone "un alegato huérfano del menor indicio de ello".
El sacerdote justificó estas transferencias alegando que ella era la encargada de la tramitación de acogimiento y adopción, proceso que realizaron ambos contando a los servicios sociales que convivían y que eran "una familia algo peculiar", sin hacer referencia a que él es sacerdote, según explica EFE.
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