El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que "sigue pensando lo mismo" tras el acuerdo entre PSOE y Junts ya que, según ha dicho, "no hay cesión sobre el control de fronteras y los flujos migratorios irregulares". Además, ha afirmado que el uso del catalán servirá para justificar el arraigo, pero no es "determinante" para dar la residencia o expulsar a alguien.
"No hay ninguna cesión en el control de fronteras y tampoco hay ninguna cesión en el control de los flujos migratorios irregulares, subrayo, flujos migratorios irregulares", ha apuntado en respuesta a la prensa tras la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, en el Museo Arqueológico Nacional.
El ministro ha comentado que lo que quiere decir es que "la Policía y la Guardia Civil seguirán haciendo las funciones que desarrollan en fronteras una vez que se apruebe la ley", ya que los Mossos d'Esquadra asumirán funciones complementarias dentro de un acuerdo que supone un avance en el "autogobierno" de Cataluña.
"La Policía Nacional será quien acuerde quién entra y quién sale del territorio nacional y, por ser muy expresivo, será quien ponga el sello en los pasaportes", ha añadido Marlaska al ser preguntado si ha cambiado de opinión tras negar en septiembre que el control de fronteras y sobre flujos migratorios fueran susceptibles de ser transferidos o delegados.
Marlaska ha limitado el papel que jugarán los Mossos en temas como las devoluciones, insistiendo que el Estado asume aquellos casos de situación irregular. "Una persona en situación de irregularidad, es decir, que ha entrado irregularmente en España, y la sanción que conlleva esa irregularidad es la expulsión, será la Administración General del Estado", ha dicho.
"Los Mossos actuarán en fronteras en el marco de las competencias que finalmente reseñe esa proposición", ha añadido, hablando de las devoluciones pero limitándolo a los casos de "aquellas personas que tienen la prohibición expresa de entrar en España".
"Otra cosa son las devoluciones que no exigen expediente y las devoluciones de aquellas personas que tienen la prohibición expresa de entrar en territorio nacional", ha continuado, poniendo un ejemplo: "Aquellos que la pena privativa de libertad se les ha sustituido por la expulsión y que, normalmente, lleva también una prohibición de entrada en territorio nacional por un tiempo".
