Odilo, una de las mayores plataformas españolas de educación digital, plantea un despido colectivo de su plantilla de Cartagena y Madrid, que suman unos 300 empleados. Tras la guerra abierta en su capital y la marcha del fundador de la compañía, Rodrigo Rodríguez, la compañía ha asegurado que comenzará este lunes con el periodo de consultas, pese a que aún se desconoce a cuántos de los trabajadores de estas sedes puede afectar el ERE.
De acuerdo al comunicado que ha remitido la empresa a este periódico, la compañía "ha planteado internamente la necesidad de un proceso de reestructuración", cuyos detalles son "confidenciales" y no se harán "públicos para respetar el desarrollo de las negociaciones". Los trabajadores sin embargo han rechazado de forma unánime la decisión de la empresa al considerar que no existe causa alguna que justifique el despido colectivo.
La decisión de la compañía llega tan solo unos meses después de que el consejo de administración encargase un informe forensic a la firma de abogados Squire Patton Boggs y a la consultora Álvarez & Marsal para acometer una investigación. Y es que, se presentaron varias denuncias a través del canal interno de la empresa por manipulación de las cuentas, existencia de contratos ficticios o contabilización de ingresos de acuerdos que ni siquiera estaban firmados, además de irregularidades laborales e impago de impuestos y cotizaciones sociales.
Los fondos Active, Kibo, Swanlaab, JME Ventures y Bregal Milestone, que controlan el 53% de la compañía, llevaron de hecho la investigación ante la Fiscalía y acordaron suspender en un primer momento de sueldo al CEO de la entidad, Rodrigo Rodríguez, para poco después decidir su destitución. En la denuncia ante el organismo de Anticorrupción, la propia compañía aseguraba que "las cuentas de 2021 y 2022 fueron dolosamente distorsionadas reconociendo ingresos de forma fraudulenta", algo que se habría mantenido también en 2023.