La ciudadanía tiene, a menudo, una concepción negativa de los trámites: obligan a pedir permisos en el trabajo, a veces se complican, conllevan cierto tiempo...pero no por ello dejan de ser muchas veces obligatorios. Uno de ellos se pasa frecuentemente por alto: empadronarse de forma correcta en el municipio de residencia.
Apuntarse en el padrón es en muchos casos una tarea pendiente que puede estar incluso años en el cajón de asuntos por resolver, pero en realidad es indispensable proceder con ella cuando una persona se muda y cambia de municipio para vivir. No hacerlo, aunque pueda parecer sorprendente, conlleva sanciones.
El Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio recoge la obligación de los ciudadanos respecto al empadronamiento. En su artículo 54 (puede consultarlo en este enlace) especifica que "toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente" y que, en el caso de que lo haga en dos o más municipios en el mismo año, "deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año".
No cumplir con esa obligación obliga a los ciudadanos a pagar sanciones administrativas. Lo cuenta la misma ley, en su artículo 107, que traslada a los ayuntamientos la imposición de sanciones a las personas españolas y extranjeras que residan en territorio español y que no cumplan con sus obligaciones respecto al padrón.
Este artículo hace referencia a las sanciones recogidas por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (puede consultarse en este enlace), que se incluyen en su artículo 59 y que dependen de la población del municipio en cuestión:
- De 3 euros en municipios de 5.000 o menos habitantes.
- De 30 euros en municipios de entre 5.001 y 20.000 habitantes.
- De 60 euros en municipios de entre 20.001 y 50.000 habitantes.
- De 90 euros en municipios de entre 50.001 y 500.000 habitantes.
- De 150 euros en municipios de más de 500.000 habitantes.
