El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigado a uno de los socios de Víctor de Aldama, Claudio Rivas, considerado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como el presunto cabecilla de la red que defraudó más de 182 millones de euros a la Hacienda Pública. El magistrado, no obstante, ha acordado tomarle declaración por un fraude anterior al de la trama de Villafuel, que llevó a prisión al comisionista del 'caso Koldo', aunque también se trata de una estafa en el sector de los carburantes que se inició en 2021.
En una providencia a la que ha tenido acceso este periódico, el magistrado acuerda además la declaración de otros tres investigados, que también están implicados en la trama de los hidrocarburos de Aldama. La decisión de Pedraz se produce después de que los investigadores aseguraran que tanto Rivas como Manuel Sallés, Jesús de Gregorio Llois y Emilio Carrillo serían los administradores de la mercantil Gaslow.
En paralelo, en uno de los últimos informes de la UCO, que figura en el sumario de la causa de Villafuel, se detalla que tanto Rivas como Sallés mantenían reuniones, "confirmando la relación existente más allá de la interacción en actos notariales entre estos, Jesús de Gregorio y Emilio Carrillo".
"Estas relaciones se incardinan en un núcleo que operaría, en unidad de acción, en el sector de los hidrocarburos y que podrían, dado que la estructura fraudulenta ha sido evidenciada a través de las actuaciones inspectoras, estar diseñando una nueva que les permitiría seguir realizando operativas asociadas al fraude de IVA y al blanqueo de capitales", explica.
Cabe recordar, tal y como adelantó este periódico, que los investigadores detectaron filtraciones de la Agencia Tributaria a la trama del fraude. De hecho, se evidencia cómo M. A. B. I, uno de los supuestos implicados de la red, pudo "contar con la ayuda" del funcionario Alfredo Ayuso Rodríguez "para obtener informaciones confidenciales" sobre SKT Oil, una de las entidades dedicadas a la compraventa de hidrocarburos e investigadas por el devengo en el pago del IVA. El funcionario de la Agencia Tributaria, según se desprende de la documentación, entablaría relación laboral con M. A. B. I, perteneciente a la organización criminal investigada, para gestionar la información fiscal que se trasmite a Hacienda de las sociedades del entramado, así como para coordinar el negocio inmobiliario vinculado a la trama y utilizado para el blanqueo de capitales.
Los agentes aseguraron, además, que las empresas vinculadas en este fraude incurrieron en un delito de blanqueo de capitales al detectar documentación que probaría envíos de dinero a otros países como Panamá, Uruguay, Portugal y Andorra. De acuerdo con varios informes, los investigados acumularon "más de 70 kilos de oro", que fueron incautados, y "grandes cantidades de dinero en Hong Kong", haciendo además importantes transferencias de dinero .