La noche del 9 de febrero de 2024 una zodiac de la Guardia Civil fue embestida por una narcolancha semirrígida en el puerto de Barbate (Cádiz), mientras un grupo de personas jaleaba la acción. Dos guardias civiles murieron y varios resultaron heridos. La desigualdad de medios entre los narcos y los agentes, y el apoyo desde los muelles que recibían los primeros mientras acorralaban y atacaban la zodiac, conmocionaron a todo el país y dejaron en evidencia la impunidad con que la que operan las organizaciones de tráfico de droga del Estrecho. Y supusieron un punto de inflexión en la lucha contra el narco.
Desde hace años autoridades y agentes de la sociedad civil de la comarca del Campo de Gibraltar y Cádiz vienen alertando de que la penetración social del narco es cada vez mayor. En localidades como La Línea o Barbate, con una tasa de paro del 30%, barrios donde llega al 60% y al 75% entre los jóvenes, el dinero fácil que se gana por una vigilancia, una descarga u otro trabajo para los traficantes es demasiado atractivo. La sensación de que lo se está haciendo no es suficiente es generalizada.
Las autoridades evitan los balances anuales en las reuniones de la Mesa de Coordinación Operativa (MECO) del IV Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, y proporcionan datos de todo el periodo de vigencia del Plan, desde 2018: 28.445 personas detenidas, e intervenidas 2.344 toneladas de droga (2.003 hachís, 168,2 cocaína y 168,5 marihuana).
Además destacan que la cobertura de las plantillas policiales ha crecido un 11,1%, con un índice que alcanza actualmente el 95,1%, con una media de refuerzo mensual de casi 1.200 agentes en las provincias del Plan.
Medios materiales
Pero el problema no se ha reducido pese a este volumen de actividad del Estado. Lo sucedido en Barbate destapó que en el momento de la tragedia la Guardia Civil no disponía de medios técnicos para competir con las semirrígidas de los narcos, y que está luchando en inferioridad en muchas ocasiones. Y puso el foco además en los problemas de los juzgados de instrucción de la comarca para instruir causas complejas con sus pobres medios.
Aunque a nadie escapa que desde esa noche de febrero pasado se ha dado una vuelta de tuerca a la lucha contra la droga a todos los niveles: más intervenciones policiales (entre ellas, el cargamento de 13 toneladas de cocaína interceptado en el Puerto de Algeciras, el mayor de la historia en España), dos supuestos traficantes muertos tras chocar sus embarcaciones en persecuciones, y operaciones relevantes, una tras otra a un ritmo frenético, por todo el territorio andaluz.
La última de estas grandes operaciones se ha culminado hoy mismo, con la incautación de 7 toneladas de cocaína en el mayor alijo a través de narcolanchas detectado en España, pues para esos volúmenes se suele usar la vía de contenedores en puertos.
Cambios
Las organizaciones de delincuentes también se adaptan rápidamente a las nuevas situaciones. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado los cambios detectados en las organizaciones criminales del Estrecho, en especial "la especialización de las organizaciones en la venta de sus servicios a otras, como la distribución, el transporte, empaquetado, medios de ocultación, blanqueo de los beneficios..., asuntos que se reflejan en los resultados de las operaciones desarrolladas desde 2018, con un resultado de 1,75 millones de litros de combustible, 8.687 vehículos –7.000 terrestres y 1.682 marítimos—y 2.314 armas" intervenidas.
Constantemente las autoridades descubren nuevos métodos empleados por los traficantes para introducir la droga en España: embarcaciones semi sumergidas que despistan a los radares, drones con varios kilos de capacidad de carga … Y potentes redes internacionales que cuelan la droga por toneladas a través de los puertos.
La mayor presión policial en la zona del Estrecho, ya intensa en los últimos años pero acrecentada desde la tragedia de Barbate, ha hecho que las redes de traficantes amplíen su zona de operaciones desde Almería hasta la frontera de Portugal. Zonas como Isla Cristina o Ayamonte han cobrado protagonismo en los últimos meses.
Base social
El representante de la Administración General del Estado en Andalucía también ha destacado la incorporación de individuos cada vez más jóvenes" en las estructuras del narcotráfico que operan en el Estrecho, por lo que ha calificado como "fundamental eliminar la base social que la sustenta en algunos territorios y que provocan la normalización de la actividad delictiva", una tarea en la que ha considerado obligatorio que "se impliquen las administraciones con competencias en materias sociales, educativas, de empleo, vivienda, formativas…".
"El Plan Especial está dando buenos resultados, pero a las estructuras del narcotráfico hay que atacarlas de forma global y la acción policial debe complementarse con medidas sociales que den a la población local una salida digna que no haga atractivo el narcotráfico", ha reiterado el delegado, que ha considerado necesario "diseñar planes de empleo específicos, de intervención social en zonas, reforzar la educación y la formación de manera que esta actividad no les resulte atractiva a los más jóvenes".
Extensión del problema
Esa opinión sobre la conveniencia de atacar la base social de la economía del narco es unánime, pero no se ha conseguido hasta el momento. Al contrario, las zonas donde los traficantes están echando un pulso a cara descubierta al Estado están aumentando en varias ciudades andaluzas, al margen de los problemas del Estrecho.
En octubre pasado otro escándalo mediático puso el foco en las plantaciones de marihuana que proliferan en barrios de Sevilla. Dos clanes enfrentados saldaron cuentas con disparos de armas automáticas de guerra. Vecinos grabaron vídeos con las ráfagas y las estelas de balas trazadoras cruzando el cielo sevillano. Desde entonces, ante el clamor público, no han cesado las redadas y las intervenciones de plantaciones,que antes se producían con cuentagotas y pese a que empresas como Endesa, muy afectada por los robos de energía que necesitan las plantaciones, demostraban con matemáticas que el negocio crecía sin crecer.
Tras las primeras redadas Endesa confirmó que el consumo eléctrico en algunas zonas calientes de la marihuana había caído más del 30%, y los apagones que sufren los vecinos ajenos al negocio de la droga dejaron de producirse continuamente.