El Parlamento de Andalucía ha aprobado con los votos del PP y del PSOE la Ley de Participación Institucional, por la que el Ejecutivo se obliga a elaborar leyes y decretos contando con la opinión de la Confederación de Empresarios CEA, y a UGT y CCOO a los procesos de elaboración de leyes y decretos. A cambio del esfuerzo que esto les va a exigir, la ley concede a la patronal y a los sindicatos 7 millones de euros (3,5 para la CEA y 1,77 para cada formación sindical).
Estos fondos estarán ya reflejados en los presupuestos andaluces para 2025 que se aprueban mañana a través de enmiendas introducidas por el Grupo Popular, impulsor de la norma. La misma ley prevé que esta compensación anual no tenga "naturaleza jurídica subvencional", por lo que no será necesaria la justificación según gastos elegibles.
En esta compensación por participar en la elaboración de decretos y leyes eleva la financiación de los agentes económicos y sociales, ya que en ella se integran subvenciones nominativas y otras ayudas que hasta ahora venían recibiendo salvo la participación en órganos como el Consejo Económico y Social y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.
Rango de ley
"Otorgamos rango de ley a la participación de los agentes sociales en la toma de decisiones en Andalucía", y "a partir de ahora esos agentes sociales van a tener mayor capacidad de decisión en la acción de gobierno, y esto es indiscutiblemente bueno para nuestra democracia", ha valorado Jessica Trujillo, parlamentaria del PP que ha defendido la ley.
Desde el PSOE-A se ha sostenido que esta "no es una ley caprichosa, no es un regalo ni una prebenda", sino "un mandato del Estatuto de Autonomía".
Vox y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía han votado en contra y Por Andalucía se ha abstenido.