"Queremos darle al diálogo social el lugar central que le corresponde, institucionalizando su valor y también su visión y misión como clave". Son palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, instantes después de firmar con los sindicatos UGT-A y CCOO-A y la patronal andaluza CEA el 'Acuerdo para el Impulso de la Participación Institucional', primer paso de la prometida Ley de Participación Institucional para llevar el papel de los agentes económicos y sociales "al máximo nivel": hasta el punto de obligar al ejecutivo a informarlos de las leyes que prepara y permitirles hacer aportaciones y participar en el diseño de las políticas públicas. En tiempos donde la política está marcada por la crispación y la incertidumbre, en San Telmo -sede del ejecutivo andaluz- son conscientes del valor de una foto que transmite diálogo, moderación y estabilidad. Y que destroza el discurso de la oposición de que Moreno gobierna "contra la mayoría social".
Es la cuarta vez en cinco años y medio de presidencia en la que Juanma Moreno posa con los máximos responsables regionales de CCOO, UGT y CEA en pactos de máxima relevancia. En pandemia, el 30 de julio de 2020, se firmó el Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía; el 22 de marzo de 2021 se pactó el Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias en el marco de la Reactivación Económica y Social; y el 13 de marzo de 2023 se suscribió el muy ambicioso Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, que contemplaba inversiones de más de 700 millones de euros en ámbitos como el laboral y empresarial, sanidad, servicios sociales …
De fondo, en esos años, estaba además una delicada posición de los agentes económicos y sociales por una maraña de expedientes de reintegro de subvenciones, y con los sindicatos afectados de lleno por escándalos de corrupción de la época socialista relacionados fundamentalmente con los cursos de formación, pero también con la gestión de residencias de tiempo libre e incluso con la macrocausa de los ERE. UGT aún espera sentencia como posible responsable civil subsidiario de un fraude de 40 millones de euros.
Tensiones
Estos acuerdos dejaron a la oposición política clamando prácticamente en el desierto, absolutamente descolocada pues quedaba posicionada en contra de medidas pactadas con sindicatos y patronal.
En los últimos meses han ido creciendo las discrepancias entre sindicatos y Gobierno especialmente centradas en el tema de la sanidad. Estaba prevista que las partes hicieran en primavera una valoración conjunta de ese acuerdo de 2023. La hicieron finalmente por separado, con duras críticas de los sindicatos y un aprobado por parte de la patronal. El ejecutivo insistió en que las medidas pactadas se habían cumplido o estaban en trámite.
Ahora Juanma Moreno consigue de nuevo una foto relevante para su imagen de líder moderado y dialogante en el penúltimo acto relevante del curso político (el último será la remodelación del Consejo de Gobierno que se conocerá en los próximos días).
Una Ley
En su intervención, el presidente andaluz ha alabado "la determinación y firmeza" de los tres agentes socioeconómicos firmantes y ha llamado la atención sobre la importancia de este acto de cara a la acción política. "Hoy damos el paso decisivo para elevar el diálogo social a su máxima categoría. Y no existe mayor categoría que es el mayor rango posible, el rango de ser ley", ha explicado.
A nadie escapa que en esa futura Ley de Participación Institucional se abordará también el siempre delicado asunto de la financiación de los agentes económicos y sociales representativos. Cuál será la contraprestación a esa mayor participación en la acción política y el esfuerzo que exigirá a las organizaciones.
Tras señalar las discrepancias que "siempre se dan" entre las partes, el presidente ha reconocido que las centrales sindicales "siempre estén dispuestas a hablar y avanzar" y ahora, ha enfatizado, "ha llegado el momento de pasar de nivel" incorporando por ley a la patronal y los sindicatos más representativos en la acción política.
Valoraciones
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, Javier González de Lara, ha subrayado el "acuerdo de diálogo social por el que se ha alumbrado un texto de consenso, que debe iniciar ya su tramitación parlamentaria. Un texto que recoge tres elementos esenciales para la participación de la sociedad civil en Democracia: reconoce con rango legal los derechos y obligaciones de los agentes sociales y económicos más representativos; garantiza la actividad y el ejercicio de sus competencias para la defensa y promoción del interés general; y dota de transparencia y seguridad jurídica esta participación".
El secretario general de UGT-A, Óskar Martín, ha destacado "especialmente la inteligencia institucional del gobierno de la Junta de Andalucía, de su presidente, por tener el firme compromiso y convencimiento de lo que significa la concertación social y de entender la necesidad de crear y construir este nuevo marco de entendimiento democrático, teniendo la valentía para llevarlo a cabo en el devenir de una Andalucía más próspera. Y en esa prosperidad por nuestra gente y por nuestra tierra, nos va a encontrar a la UGT-A, con la mano tendida, siendo exigentes, rigurosos y reivindicativos, pero siempre coherentes y leales institucionalmente", ha expresado.
"En estos tiempos de polarización política y de conflicto, desde Andalucía nos erigimos, como un ejemplo al mundo de que es posible otra forma de hacer política. Una forma de hacer política basada y sustentada en la concertación y no en la confrontación. Desde esta tolerancia, desde la concertación y la participación institucional, estamos asegurando la mejora de la calidad de las políticas públicas", ha expresado el líder regional.
La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha destacado que el acuerdo va a permitir a los agentes económicos y sociales participar en el diseño de las políticas públicas y ha valorado el hecho de que la futura Ley sea fruto del consenso y del diálogo. "CCOO nunca ha dejado de reclamar a todos los Gobiernos de nuestra comunidad, con independencia del color político que tuviera, que se garantizara por ley el derecho a la participación institucional y aunque nuestra comunidad tiene una larga tradición de concertación y diálogo social, y es de justicia reconocer que ha habido otras ocasiones pero unas veces por unos motivos, otras por otro, y sobre todo, porque a CCOO no nos valía cualquier ley, es hoy de las pocas ocasiones que podemos decir que se puede vislumbrar un horizonte cierto para reconocer un derecho que veníamos exigiendo históricamente".
