Algunas de las empresas vinculadas al fraude con los hidrocarburos, por el que compraban los carburantes con IVA y lo vendían sin él, fueron investigadas también por un presunto delito fiscal al haber quedado presuntamente el tramo autonómico del impuesto a los carburantes. Esta tasa, que ha sido anulada ahora por el Tribunal Supremo, estuvo vigente entre los años 2013 y 2018 en algunas autonomías, como Cataluña o Castilla-La Mancha, con un tipo impositivo de hasta 4,8 céntimos por litro.
Los operadores cambiaban los albaranes a los transportistas aprovechando que en algunas regiones, como La Rioja, no existía el impuesto, llevándose el gasolina de una autonomía a otra para quedarse el importe del mismo. Aunque una parte de la causa quedó archivada, las declaraciones de los transportistas ante el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, que investigó el caso, revelan como los camiones entraban a las terminales donde recogían el carburante con una dirección de destino que, tras la carga y antes de la salida del puerto, cambiaban bajo órdenes de las comercializadoras. Según los testimonios recogidos, a los que ha tenido acceso este periódico, las operadoras manipulaban los albaranes de entrega con el objetivo de eludir el impuesto autonómico.
Ante las insistencias de la jueza que llevaba el caso preguntando por qué se cambiaban los albaranes, los transportistas insistieron en que creían que era algo normal y que en ningún momento se plantearon que hubiera una irregularidad o fraude fiscal. "Era algo habitual", llegó a asegurar uno de ellos.
Una tasa ilegal
El Tribunal Supremo declaró ilegal el pasado mes de octubre el suplemento autonómico al impuesto a la gasolina en consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea (TJUE) del mes de mayo que anuló la tasa por ser contraria al derecho europeo. La resolución del alto tribunal era muy esperada desde entonces para aclarar cómo articular las devoluciones a los afectados, que se calcula en más de 5.800 millones de euros. El Supremo dificulta sin embargo la recuperación del tributo tanto a los operadores petrolíferos que pagaron directamente el impuesto a las Haciendas autonómicas, como a los consumidores finales, ya sean particulares o empresas, que vieron cómo se les repercutió el impuesto a través de una subida del precio. Entre las comercializadoras que incurrieron en el presunto fraude estaban, entre otras, Petroloño, Bioteruel, Fuelono y SKT OIL.
Esta última es una de las sociedades investigada ahora también en la presente causa que instruye el magistrado Santiago Pedraz respecto al fraude del IVA de los hidrocarburos. En el caso de SKT Oil, su facturación pasó de 71 millones de euros en el año 2016 a casi 200 millones tan solo un año después, lo que supuso un crecimiento del 180%. En ese mismo periodo, el volumen de sus activos pasó de tan solo 4 millones de euros a 182 millones. Algunas de las empresas implicadas en la trama, como el conglomerado creado por el empresario Claudio Rivas utilizaron sus contactos con el ministerio de Transportes durante la etapa al frente del mismo de José Luis Ábalos para conseguir licencias. La investigación llevada a cabo por la UCO apunta, de hecho, a que Rivas habría pagado un chalet a Ábalos a cambio de conseguir una licencia para Villafuel, la empresa central de la trama.
En el proceso habrían intervenido tanto Koldo García, exasesor del ministro como el comisionista Victor de Aldama, actualmente en previsión. La red de Claudio Rivas, encabezada por Villafuel, tenía previsto alcanzar una facturación este año de casi mil millones de euros después de haber cometido un fraude fiscal de 182 millones. Villafuel iba a alcanzar este año, en concreto, unos ingresos de 857 millones, lo que hubiera supuesto un incremento del 5,4% respecto a 2023 y hasta catorce veces más que en 2022. Pero es que a esa cifra hay que sumar, además, los ingresos de las, al menos, otras once sociedades que integraban la red.
La red del fraude
Son previsiones que, en cualquier caso, se han venido abajo después de que la Agencia Tributaria detectara el fraude el pasado mes de febrero y retirara la licencia a la compañía para poder operar. La propia Villafuel reconoce ahora en sus cuentas que desde ese mes ha habido "un descenso muy significativo de su cifra negocio y por ello de sus resultados". El fraude que sufre el sector de los carburantes está provocando un agujero fiscal que supera ya los 3.000 millones de euros en nuestro país a manos del crimen organizado. Un análisis llevado a cabo por Informa D&B, en colaboración con elEconomista.es, para la elaboración del Ranking de las empresas más importantes del sector- ESP250 Energía- desvela que diez de las once compañías energéticas que más crecieron en facturación en España durante el año 2023 fueron empresas dedicadas a la distribución de petróleo y otros combustibles.
Esta situación resulta especialmente llamativa ya que el ejercicio anterior no se caracterizó ni por sus precios elevados, ni por un fuerte incremento de la demanda que justifique estos crecimientos, de hecho, la facturación total de las mayores empresas del sector se redujo en un 20% frente a las cifras registradas el año anterior, según el análisis de Informa D&B. Algunas de las empresas implicadas han registrado crecimientos muy importantes. Biomar Oil, la empresa que encabeza esta listado y que ya ha sido inhabilitada por el Gobierno por sus prácticas fraudulentas, logró un crecimiento por ejemplo del 4.259% y facturó 1.069 millones en un año en el que el consumo total de carburantes disminuyó un 1,2%, según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas (CORES). Junto a ella, aparecen otras compañías como Hatta Energy con un crecimiento del 1.235% y 1.181 millones de euros de facturación u Olivia Petroleum con un incremento de sus ventas del 605%, hasta los 839 millones de euros.
Corrupción en la UCO
La investigación abierta por posible fraude con la venta de hidrocarburos amenaza, además, con destapar una posible red de corrupción dentro de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El titular del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sospecha que hay miembros de este cuerpo que podrían haber estado accediendo a las bases de datos internas y pasando información de forma irregular a la trama. De hecho, todo apunta a que puede haber más de media docena de agentes implicados, entre los que estarían, entre otros, el exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y el comandante Rubén Villalba. En una comparecencia por videoconferencia en la comisión de investigación en el Senado, el exdirector general de la Guardia Civil negó, sin embargo, "radicalmente"que su salida de la institución para ir a la embajada de España en Estados Unidos "tenga nada que ver" con los informes señalados, negando además tener cualquier tipo de relación con el otro presunto implicado dentro del cuerpo, Villalba.
