El magistrado Ismael Moreno que instruye el procedimiento del 'caso Koldo' ha acordado elevar "una exposición razonada al Tribunal Supremo" para investigar al exministro de Transportes y aún diputado del Congreso, José Luis Ábalos, tras los "indicios fundados y serios" de su "papel principal" en la trama, considerada ya organización criminal. Moreno propone, además, una "imputación clara y concreta" a Ábalos, pues considera que existen "una serie de indicios que evidencian" su participación en los hechos delictivos de tráfico de influencias y cohecho, entre otros.
Esta decisión llega después de que la Fiscalía Anticorrupción alegase el pasado jueves que Ábalos era una pieza clave de la trama Koldo. "Resulta difícil entender la operativa desarrollada por Koldo García y Victor de Aldama sin la participación de Ábalos, tal y como se recoge en el informe de la UCO", dice el Ministerio Público, que propuso, al igual que el juez Moreno, la imputación del exministro ante el Tribunal Supremo, el organismo que tiene competencia para ello.
En la resolución a la que ha tenido acceso este periódico, el magistrado atribuye a Ábalos, en concreto, un delito de pertenencia a organización criminal dado su "papel principal" en el entramado creado por el empresario Víctor de Aldama para conseguir negocios con las administraciones públicas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Dos concluye, respecto al delito de tráfico de influencias, que "estaría acreditada la intervención" del exministro para la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a la empresa del conseguidor Aldama Soluciones de Gestión, así como en la contratación de la mujer con la que entonces mantenía una relación personal en dos empresas públicas.
Cabe recordar que, un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil exponía que Aldama "se valió de Koldo", el exasesor de Ábalos, para que éste ejecutara distintas gestiones de trámites con las administraciones públicas y los funcionarios de tales departamentos. Entre estos trámites estaría la intermediación de Koldo para que una sociedad del comisionista adquiriese la acreditación de "bróker de medicamentos" y poner así en marcha el negocio relativo a las pruebas PCR de detección del COVID-19 en varias Comunidades Autónomas. La condición de operadora de Villafuel, no obstante, también se encontraría entre estos trámites facilitados por Koldo para la operativa del fraude de los hidrocarburos, así como otros negocios por los que el comisionista recibía el amparo del exministro.
