Begoña Gómez tendrá que esperar para saber si se mantiene o no la investigación abierta contra ella por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que suspende la deliberación sobre los recursos presentados por la defensa de la mujer de Pedro Sánchez y la Fiscalía con el objetivo de paralizar la instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado.
La Sección 3 de la Audiencia Provincial de Madrid desestimó ya el pasado 24 de septiembre un recurso de apelación presentado por la Fiscalía y autorizó al juez a investigar si Begoña Gómez se apropió del software de la Universidad Complutense de forma ilícita. El tribunal recordó entonces que la esposa del presidente del Gobierno registró a su nombre la herramienta informática en la Oficina de Patentes y Marcas.
Según han explicado fuentes jurídicas, la decisión sobre el resto de la investigación se ha tomado ante la falta documentación. A la espera e la nueva deliberación, que podría tardar semanas en fijarse el juez Peinado podrá, en cualquier caso, seguir investigando. El abogado de la esposa del presidente, Antonio Camacho, presentó el pasado 9 de julio un recurso contra el auto del juez Peinado en el que le informaba de que estaba investigando "todos los actos, conductas y comportamientos" que había mantenido desde que su marido, Pedro Sánchez, es presidente del Gobierno. En su escrito de apelación, el letrado sostiene que el instructor está realizando una investigación "prospectiva e inquisitorial", que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional prohíben expresamente.
Camacho argumentó que "en un Estado de derecho avanzado como el nuestro" no cabe la investigación de "toda la vida de mi representada, ni siquiera con la vinculación de esa formulación que hace el auto objeto de recurso a la denuncia inicial del sindicato Manos Limpias. En definitiva, que no cabe una investigación de todos los actos, conductas y comportamientos de nadie en un sistema procesal penal democrático".
La defensa de Gómez volvía así a recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid que ya se pronunció sobre esta investigación el pasado 29 de mayo, estableciendo que de entre los hechos denunciados por Manos Limpias tan sólo se debía aclarar lo relativo a los contratos del ente público Red.es, que ahora están en manos de la Fiscalía Europea por involucrar fondos comunitarios. Camacho defiende que no hay indicios delictivos que justifiquen continuar esta instrucción y, por tanto, "mi representada debe dejar de estar en este procedimiento en calidad de investigada. Y todo ello sin perjuicio de que los hechos por los que se inició esta causa estén siendo investigados por la Fiscalía europea".
Por su parte, la Fiscalía presentó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial acusando al juez de haber incurrido con su instrucción en una "deriva" por la "amplísima" dimensión de esta causa "general" basada en datos generales con "falta de concreción". El Ministerio Público acudía así a una instancia judicial superior al Juzgado de Instrucción número 41 con la tesis de que su titular ha sobrepasado los hechos a los que acotó el procedimiento la propia Audiencia Provincial de Madrid al practicar diligencias sin aclarar las razones que hacen procedente esta investigación judicial contra la mujer del presidente. Solicita, por tanto, la acotación de esta instrucción.
